Redacción. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados a petición propia para exponer el trabajo que ha permitido culminar con éxito el curso escolar 2019-20 y preparar el inicio del curso 2020-21 «que garantice la seguridad de las personas y la continuidad de los aprendizajes».
La ministra ha hecho un llamamiento a seguir trabajando de forma coordinada y con lealtad institucional para el inicio del curso. «El estado autonómico se basa en la distribución de competencias, la cooperación y colaboración entre las instituciones y la lealtad de todos los actores para que las políticas públicas sean eficaces y respondan a los desafíos que cada día afrontan los españoles», ha señalado. «La lealtad entre las instituciones es, en realidad, lealtad con la ciudadanía que espera de sus autoridades locales, autonómicas y estatales, respuestas cercanas y eficaces a sus preocupaciones», ha añadido.
En los últimos cinco meses, desde la declaración del Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha mantenido un total de 20 reuniones de coordinación interterritorial, incluidas seis Conferencias Sectoriales (la última el 27 de agosto), siete Comisiones Generales de Educación, seis Comisiones de Formación Profesional y una Comisión de Personal. Estas reuniones, en las que han participado todas las Comunidades Autónomas, se han desarrollado en un «ambiente constructivo», ha recalcado la ministra.
A iniciativa del MEFP, durante estas reuniones se acordaron importantes medidas para la finalización del pasado curso y la preparación del próximo. En marzo, se decidió así continuar el curso, adaptar las fechas y las pruebas de acceso a la Universidad y a la Formación Profesional. En abril, se acordó adaptar la evaluación, promoción y titulación. En mayo, el Ministerio propuso la reapertura prudente y controlada de los centros para realizar determinadas actividades, como los trámites administrativos y el apoyo para el alumnado más vulnerable.
Tanto para la reapertura de los centros como la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad, el MEFP hizo llegar a las Comunidades Autónomas en mayo dos Guías de recomendaciones higiénico-sanitarias y de seguridad elaboradas junto al Ministerio de Sanidad.
Acuerdos educativos
En la Conferencia Sectorial del 11 de junio, se adoptó por práctica unanimidad (con la excepción de Madrid y el País Vasco) un documento de 14 puntos que recogía acuerdos educativos presentados por el MEFP y que sentaba las bases comunes de la organización del curso escolar 2020-21 en todo el país. Entre estos puntos, figuraba que el inicio se realizaría en las fechas habituales de septiembre, como está siendo el caso en la mayoría de las Comunidades Autónomas; el cumplimiento del mínimo de 175 jornadas lectivas; la actividad lectiva presencial como principio general; la adaptación de las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados; la continuidad de los servicios de comedor y de transporte escolar, y reducir los efectos de la brecha digital.
En esa misma reunión también se facilitó a las Comunidades Autónomas una Guía de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-21, elaborada junto al Ministerio de Sanidad, con las medidas para una vuelta a la escuela segura, saludable y sostenible. La guía incluye medidas sanitarias para crear entornos escolares saludables y seguros, así como medidas para la detección precoz y gestión de casos. Entre sus principios básicos están la limitación de los contactos, el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros o la creación de grupos estables de convivencia, la higiene de manos y la ventilación frecuente. Incluye la recomendación de que cada centro disponga de una persona responsable para los aspectos relacionados con el COVID.
En la siguiente Sectorial, celebrada en julio, se expresó la satisfacción por la culminación del curso y la realización de las pruebas de acceso a la universidad. Las pruebas se celebraron de forma presencial con resultados similares a los de cursos anteriores.
Hay que recordar a este respecto que otros países europeos como Italia o Francia renunciaron a celebrar estas pruebas.
En esa misma Sectorial se presentó el Plan de Modernización de la Formación Profesional, impulsado por el MEFP y dotado con casi 1.500 millones de euros a cuatro años, de los cuales 316 millones son para 2020. Con las guías elaboradas en junio, las Comunidades Autónomas empezaron a elaborar los planes y protocolos de inicio de curso. Finalmente, en la reunión del pasado 27 de agosto se actualizaron las medidas de prevención, ajustándolas a la situación actual de la pandemia. Ese encuentro fue además histórico, dado que se celebró conjuntamente la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y contó también con la presencia de la ministra de Política Territorial. En ella se acordaron 23 medidas y cinco recomendaciones para el inicio del nuevo curso escolar.
Entre las medidas, destaca el uso obligatorio de las mascarillas a partir de los 6 años; que la actividad lectiva será presencial, con prioridad para el alumnado de menor edad; que los centros escolares mantendrán abiertos los servicios de comedor y de apoyo lectivo para el alumnado más vulnerable; la higiene de manos frecuente y meticulosa; la ventilación de las instalaciones y la toma de temperatura.
«En conclusión, como pueden ver sus Señorías, el nuevo curso escolar se está preparando desde mayo, se ha actualizado con los últimos datos para que sea plenamente eficaz cuando empiece el curso y se ha coordinado de forma estrecha entre los ministerios de Educación y de Formación Profesional y Sanidad, con las Comunidades Autónomas, alcanzando un acuerdo importantísimo», ha resumido así la ministra Isabel Celaá.
Por otra parte, el MEFP ha creado un Grupo de Trabajo para el Seguimiento del COVID-19, para analizar y evaluar la evolución de la pandemia en el ámbito escolar y de la Formación Profesional.
Inversión
El Gobierno no solo ha desarrollado y propiciado acuerdos con criterios comunes, sino que ha llevado a cabo «un esfuerzo de financiación de la educación sin precedentes», ha recordado la ministra. De los 16.000 millones del fondo COVID, 2.000 millones estarán destinados a necesidades de financiación derivadas de las medidas de prevención acordadas, como la contratación de profesorado para refuerzos, apoyo y desdoble, o medidas de tutoría y acompañamiento. A esto se suma el incremento de un 22% en becas y ayudas al estudio (386 millones de euros) para el curso 2020-21; 1.498 millones (316 millones de estos en 2020) del Plan de Modernización de la Formación Profesional y los 40 millones de euros del programa de cooperación territorial PROA+ para el refuerzo escolar.
A estas inversiones hay que sumar 260 millones del programa Educa en Digital, una iniciativa conjunta del MEFP, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.es, cuyo objetivo es luchar contra la brecha digital. El programa contempla una inversión de 260 millones de euros y prevé dotar a los centros con 500.000 dispositivos.
