Redacción. El Gobierno español y las CCAA tendrán que dejar de utilizar todos los datos personales que hayan obtenido a través de las app oficiales del COVID-19 cuando finalice el estado de alarma o lo soliciten los usuarios, según asegura reclamadatos, la primera plataforma online que permite reclamar los derechos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea de protección de datos que este lunes cumple dos años de aplicación en todos los países miembros de la Unión Europea.
Según indican los textos legales de las propias app, dejarán de utilizar los datos recabados (entre otros, DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, número de teléfono, dirección, código postal, datos de salud relacionados con los síntomas y geolocalización de los usuarios) cuando finalice la crisis sanitaria. A priori, debería producirse en el momento en que cesen las circunstancias que motivaron la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, esto es: “afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 463/2020.
Sin embargo, el RGPD reconoce una serie de derechos a los ciudadanos para que ellos mismos puedan recuperar el control de sus datos personales, sin tener que esperar una respuesta activa por parte de los gobiernos. De este modo, todos aquellos ciudadanos que en algún momento de la crisis sanitaria hayan descargado y utilizado alguna de estas aplicaciones de forma voluntaria podrán reclamar su derecho de oposición para que dejen de utilizar los datos e inicien los procedimientos oportunos para su supresión.
Empresas colaboradoras
Asimismo, todas las empresas que presten servicios para el mantenimiento y/o correcto funcionamiento de dichas apps (por ejemplo, Telefónica, CartoDB, Medensaltren y Tritium Software para el caso de “Asistencia COVID-19”), también deberán dejar de utilizar los datos personales a los que hayan tenido acceso.
Para Pau Enseñat, CEO y cofundador de reclamadatos.es, “esta crisis sanitaria ha puesto a prueba el RGPD” y afirma que “la normativa no ha sido un freno a la hora de combatir el COVID-19, pero sí ha abierto el debate en la sociedad sobre el uso de nuestros datos y dónde están los límites de nuestra privacidad”.
En Hungría, las autoridades han suspendido y limitado los derechos de protección de datos mientras dure el estado de emergencia en el país. Por el momento, en España el Gobierno no ha adoptado ninguna medida en esta línea y, por tanto, las reclamaciones de derechos de los ciudadanos siguen vigentes, debiendo ser atendidas en el plazo de un mes desde su recepción, según establece el RGPD. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también se ha pronunciado en esta línea.
Con este objetivo, reclamadatos proporciona un servicio gratuito accesible a través de su plataforma para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos frente al tratamiento de sus datos por parte de las apps del COVID-19. Esta empresa recepcionará dichas reclamaciones y las enviará el día en que finalice el Estado de Alarma en España, contribuyendo así a evitar una sobrecarga de trabajo de las administraciones públicas en este momento pero sin mermar el derecho de los ciudadanos a recuperar el control de sus datos.
En 2019 se han presentado ante la AEPD 11.590 reclamaciones, según se desprende de su Memoria Anual publicada el pasado 7 de mayo.
