Redacción. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Las libertades públicas salen reforzadas con el nuevo Proyecto de Ley porque establece una regulación más precisa de las potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad.
El Proyecto de Ley recoge las observaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que, en sus respectivos dictámenes, han contribuido a mejorar la calidad técnica del Anteproyecto.
Asimismo, han formulado observaciones varios departamentos ministeriales y la Federación Española de Municipios y Provincias. También han hecho sugerencias organizaciones y asociaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace. Por lo tanto, el nuevo texto es fruto del consenso que el Ministerio del Interior, desde un primer momento, ha querido imprimir a esta reforma legislativa.
Una reforma oportuna, conveniente y necesaria. Desde la aprobación de la Constitución de 1978, la primera Ley que reguló la intervención de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana fue la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. Tras 22 años de vigencia, de la experiencia policial acumulada y de las nuevas circunstancias que afectan a la seguridad ciudadana, era necesario aprobar una nueva Ley acorde a las exigencias de nuestro tiempo.
Esta Ley nace en perfecta sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, en el que desaparecen las faltas como categoría de infracciones penales y, en consecuencia, determinadas conductas que hasta ahora estaban sancionadas en el Código Penal pasarán a estarlo en una norma administrativa, partiendo de la base, en todo caso, de que el procedimiento administrativo sancionador goza de todas las garantías y está siempre sometido a control judicial.
Además, a lo largo de las dos últimas décadas han surgido nuevas amenazas, muchas de ellas fruto del uso de las nuevas tecnologías, que precisan de una respuesta adecuada. Igualmente, con esta reforma se da respuesta a las solicitudes de muchos ciudadanos, asociaciones de comerciantes, de vecinos, de padres, y también alcaldes que reclaman un adecuado marco jurídico frente a actitudes incívicas, violentas, coactivas.
De esta manera, y asentado en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, el ya Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana busca garantizar y mejorar la convivencia de todos los españoles con un articulado que cumple escrupulosamente con los mandatos constitucionales, y con la intención de reducir al máximo la discrecionalidad y mejorar las garantías de los ciudadanos.
El Proyecto de Ley responde, de manera más concreta, a los siguientes objetivos:
En primer lugar, en perfecta sintonía con el Proyecto de Código Penal que se está tramitando en las Cortes Generales, este proyecto hace posible la despenalización de las faltas y, en consecuencia, determinadas conductas que hasta ahora estaban sancionadas en el Código Penal pasarán a estarlo en una norma administrativa, partiendo de la base, en todo caso, de que el procedimiento administrativo sancionador goza de todas las garantías y está siempre sometido a control judicial.
En segundo lugar, se establece una nueva regulación de las potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad ciudadana (identificaciones policiales, cacheo, controles en vías públicas, etc.) mucho más garantista, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
En tercer lugar, la nueva regulación mejora la tipificación de las infracciones con definiciones precisas, incrementando notablemente la seguridad jurídica. Asimismo, se reduce el margen de discrecionalidad en la imposición de las sanciones, pues se detallan los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de concretar la cuantía de las multas.
En definitiva, esta Ley no trata de sancionar más, sino de sancionar mejor, es decir, con mayores garantías y menor discrecionalidad.
