Redacción. La nueva Ley de Entidades de Capital Riesgo permitirá a las empresas del sector unos ahorros aproximados de 22.000 euros al año, al reducir sus exigencias administrativas, y además fomentará la competencia y el uso de nuevas fuentes de financiación, particularmente para las pequeñas y medianas empresas españolas.
Así lo señala el Gobierno en la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley por el que se regulan las entidades de capital riesgo (ECR), otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).
El documento, que ya ha sido remitido al Congreso, descarta cualquier tipo de impacto presupuestario ni para las arcas públicas ni para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que no se modifica el régimen tributario de las ECR ni de las IIC o sus sociedades gestoras, ni tampoco se cambia la base de las tasas que cobra el regulador, que seguirá siendo la inscripción de las entidades.
