Europa Press. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha acordado el inicio del proceso sancionador de la Operación Sparrow, una vez finalizado el análisis y clasificación de los más de tres mil documentos recopilados durante el desarrollo de dicha operación.
En concreto, el Departamento ha indicado que esta operación, que «no tiene precedentes a nivel internacional», se ha llevado a cabo gracias a la reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado, aprobada en diciembre de 2014.
Durante los meses de abril y mayo, los servicios de control e inspección de la Secretaría General de Pesca han analizado, ordenado y clasificado los más de 3.000 documentos recopilados en la sede de varias empresas domiciliadas en Galicia, bajo autorización judicial.
De esta forma, en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se imputa la presunta explotación de cuatro buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma), así como el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras relacionadas con su actividad. Se trata de los barcos Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai.
En este contexto, Agricultura imputa a varias empresas por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos.
Asimismo, el Departamento imputa a varios ciudadanos españoles la presunta realización de actividades comerciales y financieras directamente relacionadas con la actividad de los citados buques ilegales, como responsables de las mencionadas sociedades pantalla.
En total, el Ministerio imputa 19 infracciones muy graves, de carácter continuado, a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
El Reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prohíbe expresamente dichas actividades a los nacionales de los Estados miembros, por lo que la responsabilidad recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles que, presuntamente, las realizaban a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza.
Abre expediente sancionador a 50 españoles. Al mismo tiempo, el Ministerio va a proceder de manera inminente a abrir expedientes sancionadores a 50 tripulantes españoles por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos años, en contra de la prohibición expresa del reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como por no comunicar a la Secretaría General de Pesca el enrolamiento en puestos de mando en buques abanderados por un tercer país.
En concreto y ante los indicios sobre la presunta comisión de múltiples infracciones por ejercer la actividad pesquera sin licencia o la captura de especies sin autorización en aguas internacionales, el Departamento procederá a poner en conocimiento de los Estados de pabellón, competentes para sancionar dichas infracciones, los presuntos hechos infractores.
Así, la información recabada en la Operación Sparrow relativa a las redes de distribución de las capturas ilegales a través de empresas domiciliadas en terceros países, se pondrá en conocimiento de las autoridades de dichos países, para que adopten las medidas oportunas para poner fin a dichas redes de distribución.
Los servicios jurídicos también están estudian las posibles acciones legales para hacer frente a aquellas empresas que han prestado servicios o apoyo a las actividades de los citados buques ilegales, como pueden ser el suministro de combustible, pertrechos u otros materiales de apoyo, o la prestación de servicios financieros o el aseguramiento de los buques y las cargas.
Por último, el Departamento de Isabel García Tejerina agradece la «estrecha colaboración» prestada por algunos países desde el comienzo de las actuaciones, en particular Nueva Zelanda y Australia, con quienes se ha estado en permanente contacto.
Además, Agricultura ha expresado la «imperiosa necesidad» de avanzar en el proceso de ratificación del acuerdo de FAO sobre Medidas del Estado de Puerto para luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, lo que sería altamente beneficioso en la lucha contra esta perniciosa práctica.
«España seguirá actuando con determinación para evitar la entrada en el mercado comunitario de productos de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como para acabar con la impunidad de los operadores ilegales, dentro del firme compromiso del Ministerio de Agricultura en defensa de la sostenibilidad del sector pesquero español», ha recalcado el Ministerio, que trabaja para «evitar la competencia desleal».
