Europa Press. Más de 1,2 millones de personas en España, el 2,6% de la población, necesitan ayuda para valerse por sí mismas y sin embargo, el 40% (medio millón de ciudadanos) no recibe ningún tipo de prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, según el XIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que dibuja un sistema «colapsado» y en retroceso tras ocho años de implantación.
El trabajo, que anualmente realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explica que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) ha entrado en colapso fundamentalmente a raíz del Real Decreto que, por austeridad, recortó la inversión y retrasó el calendario de incorporación de personas con una dependencia moderada.
Según detalla, 500.000 ciudadanos que tienen una dependencia reconocida oficialmente, no reciben ninguna ayuda y 100.000 más están aún esperando a que se les realice una evaluación que determine cuáles son sus necesidades y su situación, sea moderada (Grado I), severa (Grado II) o de gran dependencia (Grado III).
Con los datos oficiales del Imserso, el Observatorio denuncia que el sistema retrocede, pues en la actualidad se atiende al mismo número de personas que al inicio de la legislatura, 729.313 con las cifras del Imserso a 30 de noviembre de 2014 y con «graves desigualdades» entre comunidades autónomas.
En junio de 2011 había 438.682 expedientes activos de grandes dependientes, mientras en noviembre de 2014 se contaban 355.747, 82.935 menos. En el Grado II los beneficiarios se han reducido en cerca de 30.000, mientras los de nivel moderado han subido en 22.000 en el mismo periodo. No obstante, hay 319.159 personas en este grado que no tendrán el derecho reconocido hasta junio porque en 2012 se pospuso su incorporación al sistema, según el informe.
El dictamen indica que desde 2012 se ha reducido la lista de espera de personas diagnosticadas como dependientes que aún no recibían atención y que al cierre de noviembre eran 167.869, el 18,7% del total de ciudadanos con derecho reconocido a recibir algún tipo de ayuda.
Sin embargo, lo atribuye a que el sistema «frena la entrada de nuevos usuarios» y no renueva las plazas de quienes fallecen. «Desde 2012, una de cada cinco personas dependientes con derecho a atención que entró en la lista de espera no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento», asegura el observatorio, que cifra en 100.000 a estas personas.
Asimismo, indica que el año pasado se entregaron 30.000 prestaciones económicas por cuidados familiares menos, aunque se ha compensado con un «mantenimiento e incluso ligero incremento de la entrega de servicios», cambio que consideran «positivo» aunque «imposibilita la entrega de servicios a personas en espera por la absoluta falta de inversión pública».
En este sentido, destaca que el presupuesto del sistema se encuentra en estado de «congelación global» y repite en 2014, las cifras del año anterior, afectadas ya por los recortes de 2012, cuando se eliminó la financiación directa del Estado a las comunidades autónomas para dependencia (nivel acordado). Según explica el dictamen, las atenciones del sistema tienen un coste global de 6.400 millones de euros al año, 6.665 euros por año y dependiente, unos 104 euros por habitante cada año.
Aportaciones. El Observatorio pone el acento en que, por primera vez, los usuarios del sistema aportan más dinero (vía copago) que el Ministerio de Sanidad, administración encargada de garantizar el derecho. En 2014, de cada cien euros que se gastaron, los dependientes pusieron 19 euros por cabeza, frente a los 18 del Gobierno. Las comunidades autónomas aportaron 63 euros por cada atendido.
«A pesar de la desinversión, el sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37%, un 4,6% más que en 2010. Una mínima inyección inversora propiciaría importantísimos beneficios», explica el dictamen.
Con los cálculos del Observatorio, por cada 1.000 millones de euros invertidos cada año en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida; se crearían 30.000 puestos de trabajo netos y se ampliaría la atención a más de 120.000 personas que están en espera. En la actualidad, el sector da trabajo a 150.000 personas en toda España.
Sin embargo, «el procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias». «Las denuncias por la violación del derecho subjetivo de las personas dependientes o cualquier otra reclamación por la pasividad o arbitrariedad de las Administraciones se sigue dirimiendo en el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo», explica el dictamen.
