Redacción. Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho miembros de una familia por blanquear más de dos millones de euros procedentes de robos, en su mayoría alunizajes y butrones en comercios. Los detenidos, algunos con ingresos declarados de apenas 300 euros anuales, eran propietarios de 18 inmuebles valorados en más de 1.800.000 euros. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años de edad, llegaban a emplear a sus parejas sentimentales e incluso a menores de edad para adquirir los bienes y ocultar así la procedencia ilícita de las propiedades. Las investigaciones han revelado además que entre los detenidos se encuentran parientes de un conocido “alunicero” de Madrid. Como consecuencia de la operación, se han bloqueado 60 cuentas bancarias, algunas con movimientos superiores a los 800.000 euros, e impuesto el cese de la actividad de cuatro empresas.
Más de diez años de blanqueo. La investigación se inició en marzo del 2014, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varios miembros de una familia podrían estar blanqueando dinero procedente de diversas actividades fraudulentas. Los investigadores pudieron constatar la adquisición de varios inmuebles y vehículos de alta gama, en la mayoría de los casos abonados en metálico por algunos de los sospechosos. Asimismo, los arrestados, a pesar de declarar ingresos económicos escasos o en algunos casos nulos, disponían de cuentas bancarias en las que constaban movimientos de grandes cantidades de dinero.
Por todo lo anterior se ha detenido en Madrid a ocho personas, cinco mujeres y tres hombres. En total, los investigadores han podido constatar que entre los ocho imputados aglutinaban la propiedad de 18 inmuebles valorados en un total de un millón ochocientos mil euros, así como de 15 vehículos de alta gama y sesenta cuentas bancarias muy abultadas, dando todo ello lugar a gastos declarados muy por encima de los ingresos que les constaban. Las pesquisas también han permitido demostrar que los arrestados habían constituido cuatro empresas que no disponían de actividad real.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
