Desarticulada una red de pornografía infantil tras una operación en 24 provincias

 

Guardia civil
Guardia Civil.

Redacción. La Guardia Civil, con la colaboración del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS-HSI) y el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), en el marco de la operación internacional denominada ‘Dustman’, ha desarticulado una red de distribución de pornografía infantil a través de Internet, según informan fuentes del Instituto Armado.

Han sido detenidos los 26 integrantes de la organización entre los que se encuentran un entrenador de un equipo de fútbol local de la provincia de Alicante, el cual se grababa abusando de menores. Además, han sido imputadas otras 18 personas por delitos de distribución de pornografía de menores.

En la operación han sido registrados 47 domicilios en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Huesca, La Coruña, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, San Sebastián, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Esta operación desarrollada por la Guardia Civil pone de manifiesto los cambios y evolución de los métodos utilizados por los pedófilos para intercambiar este tipo de material con mayor seguridad, ya que los ahora detenidos buscaban los entornos más privados y de acceso restringido (al contrario que las redes P2P) en los que prima la confianza entre las personas que se intercambian y distribuyen los videos e imágenes, así como la redistribución posterior a través incluso de Whatsapp, dificultando, de este modo, la acción de rastreo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las investigaciones se iniciaron cuando el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS-HSI) y el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pusieron en conocimiento de la Guardia Civil la posible existencia en nuestro país de varias personas que pudieran ser integrantes de una red de pederastas.

Una vez fueron identificados y localizados los implicados residentes en España, se planificó la explotación de la operación de forma simultánea y en varias fases para evitar la comunicación entre los implicados y la posible destrucción y alteración de pruebas.

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