Europa Press. Tener a cargo una persona con discapacidad intelectual en el núcleo familiar supone un sobreesfuerzo económico anual de 24.237 euros, según recoge el informe ‘El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014’, presentado por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con discapacidad intelectual o del Desarrollo (FEAPS) y elaborado con la colaboración de Zohar Consultoría & Marketing Social.
El estudio se basa en un análisis de fuentes estadísticas directas, informes y publicaciones sobre la discapacidad en general y sobre la discapacidad intelectual o de desarrollo en particular.
Tal y como ha destacado durante la presentación el vicepresidente de FEAPS, Juan Pérez, los datos que se muestran «ponen de manifiesto que las familias que tienen en su seno a una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo asumen un sobreesfuerzo económico que en los últimos años se ha visto agravado por los recortes sociales y el actual sistema de copago de la Ley de promoción de la Autonomía Personal».
Por su parte, Ricard Valls, director del estudio, ha resaltado que la media de sobreesfuerzo asumido por las familias de personas con discapacidad intelectual en España es de 24.237 euros (lo que equivale a un 106% del salario medio anual en 2014, situado en 22.727 euros). En las personas con mayor necesidad de apoyo este sobreesfuerzo se sitúa por encima de los 47.129 euros.
El estudio también muestra que sólo uno de cada cuatro personas con discapacidad intelectual trabaja, lo que corresponde a una tasa de actividad del 28% frente al 77% del conjunto de la población. La tasa de paro es del 35% y el salario medio es de un 56% menor (8.626 euros frente a 15.069 euros) que una persona que no tiene una discapacidad intelectual. Además, por primera vez este estudio se recoge al colectivo con discapacidad límite, que, según FEAPS, «no es valorado como tal ni recibe prestación alguna» siendo el sobreesfuerzo para estas familias de 10.188 euros.
Copago. El informe también hace balance de lo que supone el copago de servicios sociales establecido en algunas comunidades autónomas en aplicación de la Ley de Autonomía Personal, que representa el 24% del sobreesfuerzo de las familias (por ejemplo, una media de 5.760 euros en una residencia). En muchas de estas comunidades, el importe del copago es superior a los ingresos por prestaciones o salarios de las personas con discapacidad.
Frente a estos datos, FEAPS ha señalado que este sobreesfuerzo «incide en la pérdida de capacidad adquisitiva, ocasionando una situación de empobrecimiento que en muchos casos pone en grave riesgo de exclusión social a muchas estas familias». A su juicio, «las actuales condiciones impiden que muchas personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar un proyecto de vida digna«. Por ello, la confederación ha exigido una legislación que articule las necesidades de estas personas, tanto desde dentro como fuera del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Asimismo, FEAPS se ha unido al CERMI y el resto de organizaciones de la discapacidad en la petición de acabar con el copago confiscatorio a través de una Iniciativa Legislativa Popular (#NoAlCopagoConfiscatorio), al considerar que el establecimiento de este «anula por completo la política social en España».
