Antonio Reyes. Septiembre huele a tierra mojada de los primeros chaparrones, a días más cortos y tardes más frescas. Huele a fin de verano y a inicio de otoño. Septiembre es el mes del cambio de ciclo y de vuelta a la rutina. Para unos supone el regreso al trabajo después de las vacaciones, y para los niños y jóvenes españoles la vuelta a la escuela o instituto. Estos últimos estrenan chándal, material escolar y, este año, Ley de Educación. Comienza el curso escolar y con él la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, o Ley Wert. Se trata de la séptima ley aprobada en democracia en el campo de la enseñanza media.
Desde los albores de nuestra democracia, el sistema educativo español ha sido reformado por hasta siete leyes. Cuando la Constitución apenas tenía dos años, el gobierno de UCD de Adolfo Suárez promulgó la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que tras cinco años rigiendo las enseñanzas medias, dio paso a la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Esta última fue aprobada por el gobierno socialista de Felipe González. Gobierno que también puso en marcha la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), que acabó con la estructura básica del sistema educativo aprobado por una ley franquista de 1970, introdujo la obligatoriedad de escolaridad hasta los 16 años y permitió a las comunidades autónomas gestionar centros educativos y redactar contenidos curriculares. Aún con el Partido Socialista en el poder, entra en vigor, en 1996, la LOPEG, una ley sobre gestión y gobierno de los centros educativos.
En 2002, con el Partido Popular en el gobierno, se aprueba la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), que apenas llegó a aplicarse debido a la llegada del PSOE al poder un par de años después. Así, en 2006 llega la Ley Orgánica de Educación (LOE), que ha sido reformada por la actual LOMCE.
Un batiburrillo de siglas y leyes que hace reflexionar sobre la cantidad de legislación en materia de educación en apenas 34 años. Una dinámica de reformas y contrarreformas que ha sido la tónica general, por lo que las reformas no maduran, ya que de la mano de cada gobierno, ha venido una nueva ley educativa.
Expertos en la materia consideran que este afán reformista es uno de los problemas principales del sistema educativo, que sigue soportando altos índices de fracaso escolar y que nos sigue situando en la parte más temida del Informe PISA. Por eso, la solución a los vaivenes legislativos pasa por un pacto de Estado que dé estabilidad al sistema, un acuerdo entre partidos, comunidad escolar y comunidades autónomas.