Redacción. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha expresado el compromiso de los jueces y magistrados españoles para agilizar la tramitación y resolución de las causas por delitos de corrupción, tras señalar que la dilatación en el tiempo de este tipo de procedimientos “genera desaliento en la sociedad”.
En el discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey Felipe VI en la sede del Tribunal Supremo, Lesmes ha asegurado que el Poder Judicial y sus órganos de gobierno “se implicarán activamente” en la lucha contra la corrupción, que ha calificado de “lacra social” y de la que ha dicho que “está minando la credibilidad de las instituciones” y “socava la democracia”.
“Los jueces españoles, con el amparo y refuerzo de nuestros órganos de gobierno, y en el ámbito de nuestras responsabilidades, nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”, ha señalado.
Durante su intervención, el presidente del TS y del CGPJ ha manifestado que el acto de apertura de los Tribunales sirve cada año para renovar el compromiso de los jueces con la defensa de los valores del Estado de Derecho, entre los que ha destacado “la existencia de una Justicia independiente que ponga punto final, con los instrumentos que proporciona el ordenamiento jurídico, a todas las controversias que se susciten, y que asegure el respeto a la Constitución y a la Ley por parte de los poderes públicos”.
“La Justicia –ha dicho- no es sólo un valor abstracto al que aspiramos, sino también un instrumento efectivo al servicio de los ciudadanos, como garante de sus derechos y exigencia de sus obligaciones”.
Lesmes se ha referido también a la lealtad institucional que reclama la integración en la Unión Europea, ha asegurado que el respeto al Estado de Derecho constituye una “exigencia ineludible” para pertenecer a ella y añadido que esa lealtad “impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia”.
El presidente del TS y del CGPJ ha dicho ser consciente de las “importantes transformaciones” y las “incertidumbres sociales y políticas” que experimenta España y ha agregado que “sólo desde la observancia del Derecho y mediante el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de preservar sus mandatos, en la unidad pero con respeto a la diversidad, será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles”.
Por otra parte, Carlos Lesmes ha señalado en su discurso que, según los datos de la Memoria correspondiente al año 2013, los magistrados españoles dictaron 1.571.391 sentencias y resolvieron casi nueve millones de asuntos frente a los 8.600.000 ingresados.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha manifestado que estos datos ponen de manifiesto la laboriosidad de los Juzgados y Tribunales españoles y ha destacado al Tribunal Supremo, cuyos tiempos de respuesta -15 meses en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y apenas seis meses en la Sala de lo Penal- “se encuentran en la vanguardia de los Tribunales de Casación europeos”.
Lesmes ha agradecido la “relevante colaboración” del Ministerio de Justicia en la consecución del objetivo de disminuir el número de asuntos pendientes en el Tribunal Supremo, traducida en la formalización de sucesivos planes de actualización, y ha dicho que ese apoyo “debería prolongarse de forma estable” para evitar volver “a lacerantes retrasos”.
En la parte final de su intervención, el presidente del TS y del CGPJ ha hablado de “la Europa del Derecho” como herramienta para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ha destacado que los jueces españoles adoptan cada vez más “soluciones innovadoras” ante los problemas propios del mundo contemporáneo, llegando a configurar lo que ha llamado derechos “nuevos” o “de última generación”.
Como ejemplo, ha citado la cuestión prejudicial promovida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el denominado “derecho al olvido” en el conocido como caso “Google Spain”.
La decisión de aquellos cuatro jueces, ha señalado, “ha permitido que hoy 500 millones de ciudadanos europeos tengan reconocido un nuevo mecanismo de protección de su privacidad frente a la amenaza que para este derecho representa la propagación y puesta a disposición de la información a través de las redes por medio de potentes herramientas informáticas como son los buscadores de internet”.
También se ha referido al “caso Aziz”, en el que un juez de Barcelona, “disconforme con los niveles de protección que el ordenamiento nacional proporcionaba a los deudores hipotecarios”, planteó esta cuestión al Tribunal europeo, iniciativa que fue determinante “para que miles de ciudadanos y familias españolas hayan visto ampliadas sus garantías y derechos cuando asumen deudas hipotecarias”.
