Europa Press. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado que el Gobierno no tiene previsto ni está estudiando la aplicación de otro estado de alarma, salvo que la situación de la pandemia de coronavirus cambiara drásticamente.
También ha mostrado sus dudas de que se pueda reformar la legislación ordinaria para restringir la movilidad ciudadana en caso de rebrote con las mismas garantías que las que aporta el estado de alarma, que requiere la autorización del Congreso de los Diputados para que se pueda prolongar más allá de los 15 días iniciales previstos en la Constitución.
Montero se ha pronunciado así en relación a la afirmación realizada esta mañana por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha asegurado que si los brotes de coronavirus llegaran a descontrolarse más allá de lo previsible el Ejecutivo podría «decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo».
En aras de transmitir un mensaje de tranquilidad, la portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que no se está estudiando «ni en el corto, ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma» porque la pandemia está controlada, los contagios siguen la evolución prevista y los brotes son «esporádicos» en zonas concretas y «existen los instrumentos necesarios para controlarlos».
Ha recalcado que salvo que la situación sanitaria global cambiara de manera drástica, el Gobierno «no tiene en mente» la aprobación de otro estado de alarma. Pero ha querido matizar asegurando que si esto ocurriera, «el Gobierno utilizaría todos los mecanismos que tiene a su alcance» como ha hecho hasta la fecha para controlar el virus.
Según Montero, «ahora, hoy, en el corto y medio plazo afortunadamente los indicadores epidemiológicos no permiten atisbar que vaya a ser necesario promulgar el estado de alarma». «No hay que temer en este momento», ha exclamado.
No se puede sustituir el decreto de alarma
La portavoz del Ejecutivo también ha expresado sus dudas respecto a que se puedan llevar a cabo reformas legislativas que permitan limitar la movilidad de los ciudadanos a través de la legislación ordinaria y hacerlo de manera garantista, pese a que éste era uno de los pactos alcanzados con Ciudadanos para que este partido apoyara las últimas prórrogas del decreto de alarma.
«No debemos de engañarnos porque no se puede sustituir esa limitación del derecho fundamental por una legislación ordinaria que un Gobierno acuerda o asume sin la participación del Congreso de los Diputados», ha precisado la portavoz del Ejecutivo al ser preguntada si se estaba negociando ya con la formación naranja para modificar las legislación ordinaria, con el fin de no tener que volver a utilizar el decreto de alarma para limitar la movilidad de los ciudadanos en caso de rebrotes del coronavirus.
Según Montero, el Gobierno siempre ha tenido claro que las reformas legislativas en el marco de la legislación ordinaria para este fin son limitadas y tienen un alcance «bastante restringido».
En cualquier caso, no ha descartado que puedan introducirse «mejoras» en las leyes, pero ha advertido de que permitir al Ejecutivo restringir derechos fundamentales como la libertad de circulación sin requerir la autorización del Congreso de los Diputados, como ocurre ahora con el estado de alarma, podría constituir una reforma que adolezca de la necesaria «garantía democrática».
En este sentido, ha precisado que cuando se trata de limitar los derechos fundamentales, el marco más garantista y que cuenta con mayores controles del Congreso «se llama decreto de alarma». «No hay ningún sustitutivo del decreto de alarma para poder sustituir una norma por otra norma», ha remachado.
Dudas de Aragón
La ministra de Hacienda ha respondido así también en el marco de una pregunta sobre el rebrote que se ha producido en tres comarcas de Huesca, dado que el Gobierno de Aragón considera que no puede restringir la movilidad con la legislación ordinaria.
Sin embargo, en este caso, María Jesús Montero sí considera que con la legislación ordinaria vigente se puede «limitar la movilidad para entornos muy reducidos» aunque ha admitido que esto «conlleva la autorización judicial», como se vio en los casos del hotel aislado en Tenerife en febrero pasado o con el confinamiento de Igualada, en Cataluña.
Esas decisiones que supusieron limitar la movilidad de los clientes del hotel y de los habitantes de Igualada se hicieron con la Ley de Salud Pública, que no especifica límites en términos de volúmenes de población que puedan verse afectados por las limitaciones que puedan decretarse bajo el amparo de esa norma.
No obstante, el Gobierno interpreta que este tipo de legislación ordinaria no es suficiente para limitar derechos fundamentales a amplios grupos de población, como pudiera ser el caso de ciudades grandes como Madrid.
Con respecto al caso concreto de Aragón, ha dicho que si hay alguna duda o cuestión que aclarar podrá abordarse en el marco del contacto permanente que mantiene el Ministerio de Sanidad con cada una de las Comunidades Autónomas. «Seguro que el Gobierno de Aragón tiene en mente alguna cuestión que no se cuál es pero que podremos aclarar», ha remachado.
