Redacción. Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón han intervenido 79 test para realizar la prueba del COVID-19 que se vendían en un establecimiento público.
La Guardia Civil tuvo conocimiento, el pasado día 21 de mayo, de que un establecimiento dedicado a la venta de productos alimenticios, en Gijón, ofrecía la venta, además de otro material sanitario, de test para la realización de pruebas del COVID-19.
Realizada una inspección en el citado establecimiento, los agentes pudieron comprobar que en la entrada tenía instalado un cartel informativo de la existencia de test rápidos con la leyenda ‘Ya disponemos de test rápidos para detectar el Covid-19 a 18 euros la unidad‘.
Como resultado de la inspección, se incautaron de forma cautelar un total de 79 test de una marca italiana, permaneciendo a disposición de las Autoridades Sanitarias en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón.
Mascarillas y geles
También se pudo comprobar que se vendían mascarillas quirúrgicas a ocho euros la caja de 6 unidades, y del tipo FFP2 a un precio de 6,95 la unidad, así como gel hidroalcohólico.
Estos hechos, pueden ser constitutivos a una infracción a la Orden SND/344/2020 de 13 de abril por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria.
Según esta orden ministerial, se establece que cualquier entidad, bien sea pública o privada, que adquiera test rápidos de diagnóstico deben ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente.
Por otro lado, también pueden ser constitutivos de infracción al Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por la venta de productos en establecimientos que no han sido debidamente autorizados, así como vender al público productos sanitarios sin exigir la correspondiente prescripción cuando resulta obligatorio.
Tras realizar las comprobaciones pertinentes, tanto con la empresa fabricante como con la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, los agentes pudieron establecer que los test estaban homologados y eran distribuidos en España de acuerdo a los requisitos establecidos sin que se pusiese en peligro la salud de las personas.
