Redacción. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que amplía hasta mayo los plazos de presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos que habitualmente se hacen en el mes de abril.
La norma establece que quienes tengan una facturación de hasta 600.000 euros podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como del IRPF. En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que esta medida «facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la vez que permitirá inyectar liquidez en el conjunto de nuestras empresas», concretamente hasta 3.558 millones. Montero ha calculado que pueden beneficiarse en torno a 3,4 de contribuyentes, lo que supone un 95% del total de pymes y autónomos que, a su vez, componen la mayor parte del tejido productivo de nuestro país.
Montero ha recordado que pymes y autónomos también pueden acogerse al aplazamiento del pago de impuestos, hasta 30.000 euros durante 6 meses, sin pagar intereses durante los tres primeros, y ha anunciado que próximamente el Gobierno aprobará que los autónomos que tributan por módulos puedan acogerse al sistema de estimación directa.
Balance de medidas
La portavoz del Gobierno ha aportado datos acerca del resultado de las medidas puestas en marcha hasta ahora para que las empresas que se encuentran con fuertes tensiones de tesorería puedan hacer frente a sus obligaciones y salir a flote durante esta emergencia sanitaria.
Así, sobre la línea de avales del ICO, ha destacado que ya se han aprobado 48.542 operaciones, que han supuesto un respaldo del Estado por valor de 4.739 millones de euros, y que está previsto que alcancen a 1,3 millones de empresas.
Por otro lado, la Seguridad Social ha registrado 941.000 solicitudes para cobrar la prestación por cese de actividad o por el descenso de un 75% de la facturación: «Son casi 780.000 autónomos los que han recibido la conformidad y que el viernes recibirán esta prestación», ha explicado Montero.
Respecto al aplazamiento de las cuotas sociales de sus empleados, 63.766 empresas se han acogido a esta posibilidad, lo que ha afectado a más de 807.000 trabajadores y 28.619 autónomos.
A su vez, 396.000 autónomos y empresas han quedado exonerados de abonar las cotizaciones sociales de sus empleados que están afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), y otros 36.048 trabajadores, contagiados por el virus o en cuarentena, están recibiendo la prestación por baja por contingencias profesionales.
La ministra de Hacienda ha considerado que estos datos reflejan que las medidas son operativas y están resultando satisfactorias para «dotar de mayor renta a muchos ciudadanos, de mayor liquidez a muchas empresas y de fortaleza a nuestras pymes y autónomos».
Avales para facilitar el pago del alquiler
El Gobierno ha acordado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que le permitirá desarrollar una línea de avales dirigidos a facilitar el pago de alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19.
María Jesús Montero ha señalado que el importe podría llegar a 1.200 millones de euros y los préstamos beneficiarían a 450.000 familias, complementando así otras medidas aprobadas para evitar desahucios y proteger a inquilinos.
La ministra ha explicado que el Gobierno trabaja «para no dejar a nadie atrás», y en lo que respecta a la garantía de suministros de energía, ha destacado el incremento en el número de beneficiarios del bono social eléctrico, que supera el 1,3 millones de hogares, y del bono social térmico, al que se han incorporado 17.000 personas desde la declaración del estado de alarma. Además, 70.000 hogares se acogen al bono social, que se prorroga automáticamente, en el caso de que caduque durante esta crisis, hasta el 15 de septiembre.
