Redacción. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido en la Comisión de Justicia para explicar las líneas generales de la política de su departamento. Campo ha pedido un esfuerzo conjunto en torno al Plan Justicia 2030 que permitirá colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
El ministro ha subrayado que, a pesar del consenso en torno al diagnóstico del funcionamiento de la Justicia, es necesario desmitificar algunas ideas preconcebidas y equívocos que todavía persisten.
Campo se ha referido a los informes de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que revelan, en sus análisis comparativos, que tanto la inversión como los recursos humanos que dedica España a la Justicia son homologables a los países de nuestro entorno.
Se trata, por lo tanto, ha señalado el ministro, de un «claro problema de ineficiencia» y de una mejor asignación de recursos y ha llamado a desterrar la «lógica del incrementalismo» como único eje de las políticas de Justicia.
Plan Justicia 2030
El ministro de Justicia se ha comprometido a someter al consenso de operadores jurídicos y grupos parlamentarios la hoja de ruta del Plan Justicia 2030 que pretende llevar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha. Sus objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.
El programa tiene un horizonte temporal de 10 años con planes «medibles y adaptables» para cada ejercicio y se abordará con metodologías de análisis y diagnóstico para la toma de decisiones racionales y contrastadas.
En aras de una mayor eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, el objetivo del ministro es completar los proyectos de modernización iniciados durante el mandato de Francisco Caamaño y que quedaron interrumpidos en 2011. Entre ellos, culminar la implantación de la Oficina Judicial y del expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal. Otro hito será la puesta en marcha de los tribunales de instancia.
Justicia apostará también durante esta legislatura por potenciar las soluciones extrajudiciales de resolución de conflictos e introducir reformas procesales para afrontar los pleitos en masa mediante el mecanismo conocido como ‘sentencia testigo o modelo’.
Reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal y otros proyectos legislativos
Campo ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar el proceso penal, otorgando a los fiscales la dirección de la investigación.
El ministro ha subrayado que es necesario trabajar por una regulación moderna y justa que garantice un enjuiciamiento penal plenamente adaptado a los principios constitucionales, superando de una vez una legislación decimonónica y desbordada por la realidad procesal.
La reforma de esta norma de 1882, que ha calificado de “reto nacional”, se hará “escuchando a todos” y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Atención a las víctimas
Juan Carlos Campo ha explicado que se reforzarán los mecanismos de protección de los colectivos más vulnerables, como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, y se renovará el firme compromiso del Ministerio de Justicia con las mujeres que sufren la violencia machista, mediante el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Una de las novedades en esta materia será la convocatoria de subvenciones para ONG’s cuya actividad esté dedicada a la atención a las víctimas. Los fondos procederán de lo recaudado por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), lo que permitirá devolver a la sociedad civil parte de lo sustraído por actividades criminales.
Convocatoria de plazas para jueces y fiscales
Durante su comparecencia, el ministro de Justicia ha anunciado que la oferta de empleo público de 2020 para el ingreso en la carrera judicial y fiscal incluirá este año un incremento de plazas.
El objetivo es reducir la interinidad, estabilizar numéricamente la oferta de empleo público de ambos cuerpos y atender las demandas de la Justicia a medio y largo plazo.
Conferencia Sectorial de Justicia
El ministro de Justicia convocará próximamente la Conferencia Sectorial de Justicia que no se reúne desde septiembre de 2018. Su objetivo es establecer con las administraciones autonómicas mecanismos que mejoren la cohesión y coordinación territorial y que permitan garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones en todo el Estado.
Dos de los asuntos que se someterán a consenso en este foro serán la agrupación de partidos judiciales y la interoperabilidad de los sistemas informáticos de Justicia de todo el Estado.
