Europa Press. El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 13 de septiembre, por unanimidad de todos los miembros de la Cámara (250 votos), el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 267 propuestas y recomendaciones al Gobierno, divididas en ocho apartados.
Un total de 36 mujeres han sido asesinadas en 2017 a causa de la violencia de género, seis más que hace un año, según datos a 24 de agosto. Además, 18 menores se han quedado huérfanos por esa causa y otros seis han muerto a manos de agresores machistas.
La votación del acuerdo ha concluido con una ovación de todos los parlamentarios y la enhorabuena del presidente, Pío García Escudero, a los miembros de la Ponencia.
Rechazados 13 votos particulares. Se trata de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, que recoge también 13 votos particulares, nueve del PSOE y cuatro de Unidos Podemos, que han sido rechazados con la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta.
El Senado ha conseguido así mantener la unanimidad que el Congreso ya no logró en Comisión en julio cuando debatió su propio informe, ya que Podemos, finalmente, decidió abstenerse. El informe de la Cámara Alta será remitido al Gobierno, junto con el del Congreso, que el pleno de la Cámara Baja no tiene previsto aprobar hasta al menos finales de septiembre, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Entonces, a partir de las aprobaciones de los textos por los plenos de ambas Cámaras legislativas, el Ejecutivo tendrá dos meses para implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Administración Central del Estado.
Durante la presentación del informe de la ponencia, la senadora ‘popular’, presidenta de la Comisión de Igualdad y ex secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, ha explicado que es fruto del «duro trabajo» de la ponencia de estudio y ha agradecido a todos los ponentes «su dedicación y esfuerzo», su «voluntad de diálogo y consenso» y su «vocación de servicio».
Según Camarero, para la elaboración de este informe, se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas, a las instituciones, a expertos, a los profesionales que trabajan «cada día» con las víctimas, así como a éstas, que son las «auténticas protagonistas» del acuerdo.
«Consenso histórico». Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que este informe es resultado de «un consenso histórico» y ha puesto de manifiesto que «sólo, desde la fuerza de la unanimidad», se podrá acabar con el machismo y la violencia sobre la mujer.
«Un informe que pretende dar un paso definitivo contra la violencia de género», ha subrayado Camarero, al tiempo que ha asegurado que el Parlamento está con las víctimas y contra los maltratadores.
En el turno de defensa de los votos particulares, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha explicado que su voto quería añadir el concepto de «diversidad funcional» porque, desde su punto de vista, «refuerza el valor de la dignidad».
«Es un paso muy importante», ha declarado el senador Marcos, que ha destacado la elevada «coincidencia» en el parecer de los grupos respecto de las distintas medidas propuestas. Además, ha prometido convencer a sus colegas en el Congreso de los Diputados para que apoyen la constitución de una Comisión Mixta para el seguimiento del pacto.
Por parte de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la senadora María Freixanet ha detallado que su partido aboga por la creación de una ley marco contra todas las violencias machistas y después otras específicas para evitar la categorización de víctimas.
Necesita mejoras. Asimismo, la senadora de la formación morada ha declarado que falta «rigor en los compromisos» presupuestarios y que la distribución de los mismos es «arbitraria». Además, cree que existe «falta de concreción» en algunos puntos. Así, considera que sus votos particulares «mejorarían» este informe, con propuestas que «generan acuerdo» en su gran mayoría.
También ha puesto en valor «la voluntad real» de todos los grupos de explorar la realidad de esta situación y ha valorado la aceptación de propuestas «imprescindibles» para Podemos.
Tras presentar sus nueve votos particulares, la senadora socialista Laura Berja ha dicho que «el tiempo apremia» para poner fin a esta lacra. En concreto, Berja ha indicado que el PSOE propone reconocer la prostitución como una forma de violencia de género y abolirla, así como incorporar la explotación reproductiva de la mujer como violencia de género, y aportar por la educación y la prevención.
La parlamentaria Berja también ha puesto en valor el trabajo y el talante de la ponencia para que el informe sea «una realidad consensuada».
La senadora ‘popular’ Severa González se ha sumado a los agradecimientos personales que ha hecho Camarero. «El dictamen que hoy vamos a probar es el resultado de un minucioso y comprometido trabajo de todos», ha subrayado, para después añadir que «no tiene color político» porque «no se han impuesto las mayorías» y apelar a la unanimidad y al consenso.
Para la parlamentaria del PP, el informe sitúa a la educación como eje principal de la lucha contra la violencia de género. Severa González López ha defendido que el texto reconoce la necesidad de facilitar la acreditación del estado de víctima, y la «imperiosa» necesidad de unificar la legislación autonómica para evitar que haya «víctimas de primera y de segunda categoría».
Cuestión de Estado. En el turno de portavoces, la senadora de la Agrupación Socialista Gomera Yaiza Castilla ha indicado que se trata de una «cuestión de Estado» y ha puesto en valor que ha «reinado el consenso» para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sea «una realidad» lo antes posible.
«Todos hemos tenido claro que había que sacar adelante este documento», ha remachado, para advertir de que los parlamentarios no se pueden rendir ante esta lacra. «Todos y todas debemos ponernos gafas de genero desde que nos levantamos», ha concluido.
La senadora del PdeCat Elisabet Abad ha dicho que apoyarán el informe por «responsabilidad política», pero ha agregado que no les vincula porque, según ha manifestado, ésta es una materia competencia de la Generalitat de Cataluña. En concreto, ha celebrado el incremento de los recursos destinados a las comunidades autónomas.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, la senadora María Eugenia Iparragirre ha agradecido la labor de sus colegas ponentes, al letrado y a «todas y cada una de las comparecientes» y expertos por su disposición y su confianza en la tarea legislativa de los senadores.
«Entendimos la importancia y la responsabilidad que teníamos delante», ha asegurado la senadora del PNV, para después apuntar que el resultado es el informe, al que se le han dedicado «muchas horas». El Grupo Vasco se ha abstenido en los votos particulares porque entiende que este es «un punto y seguido», y que queda mucho trabajo que hacer para añadir las concreciones necesarias.
La senadora de ERC Elisenda Pérez ha agradecido sus testimonios en la Comisión a todas las comparecientes y ha felicitado a todos los ponentes por el «gran trabajo» realizado. Además, ha recordado la ley de Igualdad catalana y espera que este informe sea «escuchado». «Tengo el convencimiento de que, de escucharse estas medidas, tendremos un cambio radical», ha enfatizado.
Desde la Agrupación Herreña Independiente, el senador Pablo Rodríguez cree que este documento «es una oportunidad única» para acabar con la lacra de la violencia de género, que nace desde «el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas».
