Europa Press. El Ministerio de Empleo distribuirá este año entre las comunidades autónomas un total de 1.893,3 millones de euros para políticas activas, un 5% más que en 2016, según ha explicado la titular de este Departamento, Fátima Báñez, durante la Conferencia Sectorial de Empleo.
No obstante, ha precisado que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 la cuantía final se elevará hasta los 2.018 millones de euros, un 12,7% más que en 2016, ha informado el Ministerio.
La Conferencia Sectorial ha abordado la evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la evaluación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2016, la futura estrategia española de activación para el empleo 2017-2020, los objetivos del PAPE para 2017, y un informe sobre el acuerdo de la Conferencia de Presidentes para el diseño y puesta en marcha de la llamada tarjeta social.
Respecto a la evaluación del PAPE 2016 y la distribución de fondos para las políticas activas de empleo de 2017, la ministra ha resaltado que ambos están estrechamente relacionados y que el reparto de las cantidades entre las comunidades autónomas está orientado a resultados.
El presupuesto para políticas activas de empleo se ve incrementado en casi 93 millones de euros este año respecto al anterior y de esa cantidad 20,4 millones irán a financiar programas de formación profesional para el empleo y 72,1 millones a programas de fomento del empleo.
Dentro de esos 1.893,3 millones de euros para políticas activas se incluyen 129 millones para financiar la primera parte del programa de acción conjunto para la mejora en la atención a parados de larga duración en 2017.
La ministra ha resaltado que una de las prioridades del Gobierno sigue siendo favorecer la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Por ello, el Gobierno aprobó en 2014 el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se prevé que España reciba en septiembre aproximadamente 400 millones de euros para este sistema, una vez lo apruebe el Parlamento Europeo.
Para Báñez, resulta «urgente» acordar los objetivos estratégicos para el PAPE 2017. Uno de ellos consiste en mejorar la empleabilidad y la inserción de los jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, impulsando la Garantía Juvenil y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la UE.
Como novedad y con el fin de medir su cumplimiento, en el PAPE 2017 se utilizará un indicador relativo al grado de cobertura de la Garantía Juvenil y otro acerca del cumplimiento de los compromisos de certificación de fondos del programa operativo de empleo juvenil de este año.
Tarjeta social. Respecto a la tarjeta social, la ministra la ha definido como «uno de los proyectos más importantes de la legislatura» y ha explicado que una de las mesas abiertas en el marco del diálogo social, la del Plan de Choque por el Empleo, analizará también las posibles vías para implantar la tarjeta social.
El pasado mes de enero, en la VI Conferencia de Presidentes autonómicos, se acordó crear en el plazo de tres meses un grupo de trabajo con participación de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), incorporando también las aportaciones del tercer sector de acción social, para la implantación de la tarjeta social.
La ministra ha enviado una carta a los presidentes de las comunidades autónomas para pedirles que nombren a los representantes que participarán en dicho grupo de trabajo, que quedará constituido el próximo día 17 e iniciará sus trabajos antes de que acabe el mes.
Para el desarrollo de sus tareas, se pondrá a disposición de este grupo una herramienta web en el que los representantes elegidos podrán plantear, de manera transparente y abierta, sus diferentes propuestas y opiniones.
