Europa Press. La Guardia Civil ha detenido a 35 personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el marco de la ‘Operación Pikpan II’, que ha sido realizada en varias fases en las comunidades de Galicia, Madrid, Castilla La Mancha, Valencia, Andalucía y Canarias, en la que, además, ha intervenido 1.500 kilogramos de cocaína.
Según ha informado el Instituto Armado, en la operación se han realizado 14 registros domiciliarios en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña, Guadalajara, Madrid, Albacete, Castellón y Valencia.
En los registros se ha intervenido 23 vehículos, dos armas de fuego y munición, dos armas simuladas, máquinas para contar billetes, máquinas detectoras de billetes falsos, inhibidores de frecuencias, tres balanzas de precisión, dos máquinas plastificadoras, material electrónico e informático, nueve kilos de sustancias para adulterar la droga, documentación falsificada y 24.095 euros en efectivo, entre otros efectos.
Asimismo, se intervino diversa documentación, que una vez analizada, demostró la existencia de inmuebles, cuentas bancarias y un entramado de empresas, «todo ello utilizado para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita», han señalado las mismas fuentes.
La operación se inició a raíz de que la Guardia Civil tuviera constancia de la existencia de una organización que podría estar dedicándose a introducir grandes partidas de cocaína en España y Europa procedente de Sudamérica.
Tras las primeras investigaciones los agentes pudieron observar que los responsables de la red realizaban frecuentemente desplazamientos a Sudamérica para negociar con los cárteles de esos países para la adquisición de la droga y su posterior envío a España.
Negociadores. Por otro lado, los agentes detectaron la existencia de una célula de negociadores o intermediarios «muy relacionadas con el mundo del narcotráfico», tanto en Sudamérica como en España y otros países de la Unión Europea, según relatan las mismas fuentes.
Esta célula era la encargada de buscar compradores de la droga y de facilitar a los proveedores sudamericanos indicaciones sobre el puerto español por el que debían entrar los contenedores con la cocaína, los días óptimos para su llegada y otros datos, «intentando garantizar de esta manera el éxito de la operación», explican.
Mientras, un tercer grupo de personas tenía libre acceso a los recintos portuarios para encargarse de extraer la cocaína de los contenedores una vez que estos llegaban a puerto.
Fruto de estas investigaciones, los agentes que mantenían una permanente vigilancia sobre estas personas tuvieron conocimiento de que la organización pretendía introducir diversas partidas de cocaína en España y otros países, por lo que se establecieron varios operativos en Francia, Marruecos, Italia y los puertos españoles de Valencia y Algeciras, donde se intervinieron 1.500 kilos de cocaína y se procedió a la detención de 15 personas implicadas en los hechos.
Para introducir esta gran cantidad de droga, la red intentó valerse de siete contenedores, cinco en España y dos en el extranjero y de dos vehículos provistos de dobles fondos. Posteriormente, con toda la información sobre las componentes de la organización, domicilios y otros a mediados de marzo se inició la última fase de explotación, en la que fueron arrestadas otras 20 personas.
