Redacción. La Guardia Civil en el marco de la operación ‘Telemensaje’ ha detenido a 11 personas pertenecientes a una organización criminal detectada en España dedicada a la realización de “microfraudes” en servicios de SMS Premium. Hasta la fecha, la Guardia Civil ha podido constatar que más de un millón de personas en España han sido víctimas de esta estafa masiva.
La organización desmantelada estaba ubicada en la Comunidad Valenciana y había obtenido unos beneficios ilícitos de más de 5.000.000 de euros.
Se han realizado ocho registros en las sedes sociales de empresas de la trama y domicilios de los responsables, interviniéndose vehículos de alta gama, joyas de gran valor y dinero. Asimismo, se ha intervenido el material informático utilizado en el centro de operaciones ubicado en Alicante donde almacenaban los datos con toda la información de usuarios estafados y de las campañas fraudulentas que utilizaban.
La red realizaba fraudes en servicios de SMS Premium de forma masiva. Para ello, enviaba mensajes SMS a un gran volumen de números de teléfono con un texto que captaba la atención de diversos colectivos, como por ejemplo, el de ciudadanos en situación de desempleo a los que remitían el siguiente mensaje: “Ponte en contacto conmigo para la segunda entrevista de trabajo”, u otras diversas frases de engaño dirigidas a otros grupos.
Cada vez que un usuario respondía a estos mensajes se les cobraba un importe cercano a 1,50 euros por mensaje, sin que existiera ni entrevista laboral ni persona conocida alguna interesada en ese falso contacto. Por otro lado, la organización obtenía gran cantidad de tráfico de SMS de cientos de miles de usuarios que confundidos y engañados respondían a los mensajes creyendo que estaban tratando con alguien conocido o pensando que podrían optar a una oportunidad en el mundo laboral.
A este tipo de hechos se les denomina “microestafas”, teniendo como objetivo conseguir pequeñas cantidades de miles de víctimas que, ante la pequeña cuantía del perjuicio sufrido, no suelen denunciar los hechos.
La organización contaba con una veintena de empresas ficticias que estaban registradas en domicilios inexistentes o pendientes de alquiler. De esta forma conseguían mover los beneficios de la estafa y dificultar el rastreo del dinero blanqueado.
Al frente de dichas empresas se hallaban numerosos testaferros que percibían dinero solamente por constar como administradores, sin ejercer realmente labor alguna, sirviendo de “pantalla” a los verdaderos directores del grupo criminal.
Captaban la atención de las víctimas para que continuaran respondiendo por SMS. Igualmente la red contaba con un centro de operaciones desde el cual se enviaban y recibían los SMS, y en el que trabajaban varias personas encargadas de responder a cada mensaje enviado por las víctimas. La función de estos trabajadores consistía en captar la atención de las víctimas para que continuaran respondiendo por SMS. Para ello, no dudaban en derivar la conversación a terrenos distintos a la entrevista original, como por ejemplo a supuestos intereses sexuales, empleando para este fin o a personajes ficticios ideados para tal finalidad.
Trabajadores con dificultades económicas. Estos trabajadores, todos españoles, se correspondían con personas en situación de precariedad económica y laboral explotados por la organización, estando permanentemente controlados con cámaras de seguridad y obligados a responder a los mensajes de las víctimas, utilizando gran cantidad de engaños ideados por los responsables de la red criminal, en pos de seguir obteniendo nuevos beneficios económicos.
Además, el grupo criminal ideaba constantemente nuevas formas para mejorar su estafa, habiéndose detectado que planificaban el desarrollo de mensajes a través de la aplicación Whatsapp que enlazaban a suscripciones de SMS Premium.
Algunas de las víctimas llegaban a detectar las estafa cuando comprobaban en los buscadores de Internet el número de teléfono desde donde recibían los SMS pudiendo corroborar que eran víctimas de estas campañas fraudulentas.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la operación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones.
