Europa Press. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, confirma que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) financió el déficit del conjunto de prestaciones por desempleo con el dinero sobrante de las cuotas de formación profesional, que debía dedicarse a la formación profesional para el empleo.
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el que ha presentado el ‘Informe de fiscalización de la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal‘, que fue aprobado por el organismo fiscalizador en enero de 2012 y que incluye datos de 2008 a 2010.
Según ha recordado Álvarez de Miranda, el subsistema de formación profesional se financia con cargo al Fondo Social Europeo, a las aportaciones específicas del presupuesto del SPEE y, sobre todo, a las cuotas de formación profesional que aportan empresas y trabajadores, que tienen la consideración de ingresos afectados y que, por tanto, no pueden destinarse a otra finalidad que la prevista.
Sin embargo, el presidente del organismo fiscalizador asegura que «se ha verificado que el Servicio Público de Empleo Estatal no reflejó en su contabilidad la existencia de un remanente generado por las cuotas de formación profesional» que, en lugar de destinarse a formación profesional para el empleo, acabó enjugando déficit del conjunto de prestaciones por desempleo.
«Por tanto, existía riesgo de que los fondos procedentes de las cuotas de formación profesional se destinasen a otras finalidades», ha añadido, aunque sin indicar exactamente en qué años detectó el Tribunal de Cuentas este uso indebido de fondos.
En el informe del Tribunal ya se sugería al Gobierno que reformara el régimen de financiación de las prestaciones por desempleo para evitar la «falta de homogeneidad» de la que adolece en sus fuentes de financiación para imitar a lo decidido por el Pacto de Toledo en relación con la separación de fuentes de la Seguridad Social.
A juicio del organismo, la doble vía con la que se financia el sistema de protección por desempleo, que «no especifica ningún reparto determinado de la carga financiera sobre cada una de las fuentes ni supone una afectación expresa de ellos para fines concretos», deriva en «un sistema financiero mixto e indistinto».
Esto causa un «solapamiento» entre el Sistema Nacional de Empleo y el Sistema de Seguridad Social que permite que acciones de políticas activas de empleo pueden acabar siendo «financiadas con cargo a las cotizaciones sociales».
Fondo en el Servicio Público de Empleo. Por otra parte, el documento recomendaba al Ministerio de Trabajo estudiar la posibilidad de impulsar un Fondo en el Servicio Público de Empleo Estatal que, financiado permanentemente por las arcas estatales, permita hacer acopio de recursos en las épocas de crecimiento económico para dotar de reservas al sistema a largo plazo.
Este fondo podría proporcionar, a juicio del Tribunal, reservas para «atenuar los ciclos económicos bajos, garantizando al mismo tiempo un equilibrio financiero a largo plazo».
«Este fondo podría constituirse siempre y cuando la Administración General del Estado asuma de forma permanente la financiación de acciones de la protección por desempleo de naturaleza asistencial –subsidios por desempleo y políticas activas de empleo– a excepción del subsistema de formación profesional, cuya financiación debe ser a cargo de las cuotas de formación profesional», recoge el documento.
Fondo Social Europeo. Por otra parte, Álvarez de Miranda también ha destacado en su comparecencia que el Servicio Público de Empleo Estatal tenía «infravalorados sus ingresos y derechos reconocidos» por valor de 177 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo para cofinanciar acciones y programas, cantidad que «en la actualidad sigue pendiente de regularizar».
Ese mismo departamento tampoco imputó en su contabilidad financiera un ingreso y un correlativo deudor no presupuestario por importe de 238 millones de euros derivado de «la diferencia existente entre las solicitudes de pago y los derechos reconocidos en el presupuesto de 2009», si bien dos años más tarde ese desfase ya estaba aclarado.
