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Europa Press. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional, con la que se persigue una mejora del acceso al empleo de calidad y dotar al sistema de mayor transparencia para evitar nuevos casos de fraude en la impartición de cursos.
En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que esta reforma es «esencial para fomentar el acceso a un empleo de más calidad y luchar contra la desigualdad y la fractura de la cohesión social».
«También se fortalece la transparencia en contra del fraude», ha añadido, para explicar que este paso se ha considerado necesario después de que se hayan conocido en los últimos años, asociados a la formación, «algunos de los casos de fraude más graves y llamativos de la Democracia».
La reforma apartará a empresarios y sindicatos de la gestión los fondos y la impartición exclusiva de cursos, dando paso a la libre concurrencia, y les relegará a la planificación y diseño de estos programas.
Se trata de la culminación de un proceso de diálogo entre los agentes sociales y el Ministerio de Empleo que arrancó tras la reunión mantenida el pasado 29 de julio por las partes en el Palacio de La Moncloa, en la que se comprometieron a cerrar esta reforma antes del cierre del pasado año.
Este plazo no se pudo cumplir principalmente porque los empresarios se negaron a suscribir un nuevo modelo de formación que les dejara fuera de unos recursos que se nutren en gran parte con sus cotizaciones. Así, de la cotización de 0,7% a la Seguridad Social que sale de las empresas para sufragar la formación, el 0,6% corre a cargo de los empresarios y sólo un 0,1% de los trabajadores. Los sindicatos querían amarrar su posición en el diseño de la formación y no han puesto reparo en que no se les deje meter la mano en la gestión de los fondos.
Empleo remitió este 17 de marzo un último borrador de Real Decreto-Ley a las partes en el que se menciona en varias ocasiones el «protagonismo» de los agentes sociales en el nuevo modelo de formación, pero que sigue dejándoles fuera de la gestión e impartición de cursos.
«En el nuevo modelo, todas las empresas participarán en alguna medida con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores», afirma el texto, que relega a empresarios y sindicatos a formar parte de las instancias que diseñarán escenarios estratégicos plurianuales, una suerte de guía de la formación a nivel nacional, e integrar las llamadas ‘estructuras paritarias’, que desarrollarán tareas similares a nivel sectorial.
Otra de las principales novedades del nuevo modelo será el endurecimiento de las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para los casos de fraude en la formación.
El último borrador extiende el abanico de supuestos de sanción muy grave que se harán públicos a las situaciones de falseamiento de documentos o a la simulación de la impartición de cursos, incluida la teleformación, para obtener bonificaciones.
También se harán públicas aquellas sanciones que se refieran a la solicitud de cantidades a los participantes para pagar los cursos cuando éstos sean financiables con fondos públicos o a la simulación de la contratación laboral para que los trabajadores participen en programas formativos.
Por otro lado, se amplían los sujetos responsables, los tipos de infracciones sujetas a sanción y se establece la responsabilidad solidaria de los participantes en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones. Asimismo, los beneficiarios del sistema de formación profesional no podrán volver a serlo durante cinco años en caso de cometer una infracción muy grave.
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