Europa Press. Las tiendas de electrónica con una superficie de 400 metros cuadrados o más estarán obligadas a recoger pequeños dispositivos usados -de menos de 25 centímetros- sin cargo alguno ni necesidad de compra por parte de los clientes, según recoge el Real Decreto sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) aprobado este 20 de febrero en Consejo de Ministros que incluye una batería de nuevas medidas para mejorar su recogida separada y gestión.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que este tipo de aparatos «contienen por un lado materiales valiosos que hay que recuperar y reutilizar y también sustancias peligrosas que es necesario tratar adecuadamente», ha detallado, al tiempo que ha cifrado el coste anual asociado a esta gestión en 300 millones de euros.
El Real Decreto -aprobado a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- transpone la normativa comunitaria sobre RAEE (Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio) para cumplir los objetivos de recogida y gestión que impone la norma comunitaria, clarificar los puntos de recogida y las obligaciones de información en esta materia y mejorar el control del traslado de este tipo residuos fuera de la Unión Europea.
Asimismo, para impulsar la prevención de la generación de este tipo de residuos fomenta tratamientos como la preparación para la reutilización, lo que permite poner en el mercado de nuevo el mismo producto una vez que se haya reparado por lo que establece requisitos para los gestores que garanticen que la preparación para la reutilización se realiza de manera adecuada.
El nuevo Real Decreto incluye objetivos específicos de preparación para la reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del 2% en grandes electrodomésticos y del 3%, en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños), ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos.
En este punto, Sáenz de Santamaría ha destacado que «con este Real Decreto se implanta un nuevo modelo de gestión de los residuos con el fin de aumentar el control de la recogida y gestión e incrementar las tasas de recogida para cumplir objetivos de la UE«. Así, en este 2015, el objetivo se ha fijado en cuatro kilos por habitante mientras que, el último dato disponible de 2012, sitúa esta cifra en 3,4 kilos por habitante por lo que, a juicio de la vicepresidenta, «hay un trecho que mejorar que se trata de hacer con este nuevo reglamento».
Medio Ambiente destaca que el sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa un 27% del total del empleo de este tipo en el país, mientras que la preparación para la reutilización de los RAEE puede generar alrededor de 4.700 empleos directos, según estimaciones recientes.
Entre las novedades que contempla el Real Decreto, figuran la creación de una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de RAEE, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y los productores, y una Oficina de asignación de recogidas, que será supervisada por las Administraciones Públicas implicadas.
Asimismo, se clarifican las obligaciones de los agentes (fabricantes, distribuidores y gestores) y se incentiva la reutilización de este tipo de aparatos, además de recoger obligaciones «concretas y prácticas», según Sáenz de Santamaría, como «la prohibición expresa del abandono en las zonas públicas» de estos residuos.
Asimismo, y por primera vez, la venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet, deberá garantizar también que los compradores puedan entregar los residuos que generen de igual manera que en las tiendas físicas.
La nueva regulación introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico (y no solo de ámbito nacional como hasta ahora) y que se establecerán, entre otros parámetros, en función de la población de la Comunidad Autónoma para que éstas puedan ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva.
La normativa aprobada también introduce los requisitos técnicos para que las comunidades autónomas otorguen las autorizaciones de las plantas de tratamiento de estos residuos, homogeneizando los tratamientos que se han de cumplir en todo el territorio del Estado.
