Europa Press. La Agencia Tributaria (AEAT) recaudó el año pasado la «cifra récord» de 12.318 millones de euros, de los que 11.484 millones procedían de actuaciones directas de prevención y control del fraude, y los 834 millones restantes de otras vías como las declaraciones extemporáneas sin requerimiento.
Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha puesto en valor el incremento del 12,5% en la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal obtenida en 2014, conseguido a pesar de tratarse de periodos impositivos no prescritos en los que las bases imponibles estaban en «creciente disminución» en los que había «serias dificultades de liquidez y una gran morosidad», y durante los que los recortes presupuestarios han reducido las plantillas de funcionarios.
Pese a estas dificultades, se consiguió una cifra «récord» en toda la serie histórica de 12.318 millones de euros de recaudación, que sitúan la media de la legislatura en 11.500 millones de euros anuales y que «duplican» los resultados de 2008, cuando se recaudaron 6.407 millones de euros por la lucha contra el fraude. «En estos tres últimos años se han recuperado 35.000 millones de euros«, ha subrayado.
Prevención y control. Así, la prevención y el control del fraude han aportado 11.484 millones de euros a estos resultados, tras incrementar su efectividad un 13,3% con respecto a 2013, tras haberse «sobrecumplido» los objetivos del año en un 124%, incrementando la recaudación objetivo en 2.262 millones de euros. «Por cada euro invertido en este plan especial se han recuperado 119 euros en términos de caja para el Tesoro», ha precisado Menéndez.
Esos 11.484 millones de euros se desglosan entre las actuaciones de control, que es «donde más complicadas resultan las liquidaciones porque contemplan los casos más complicados de fraude» y que aportaron 8.681 millones de euros (+5,6%); y la minoración de las devoluciones y de las rectificaciones de autoliquidaciones a devolver, que ha aportado 2.803 millones, un 46,6% más que un año antes.
Por su parte, la Agencia también ingresó 834 millones de euros el año pasado (+2,2%) mediante actuaciones de control generales de la Agencia, como por ejemplo las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.
357 expedientes. Por otro lado, la Agencia Tributaria ha iniciado 357 expedientes de comprobación sobre 300 contribuyentes que se acogieron a la regularización tributaria especial -la llamada ‘amnistía fiscal’- de 2012, medio centenar de los cuales ya se han cerrado con una liquidación de más de 12 millones de euros.
Según Menéndez, además de «explotar» la información obtenida con la ‘amnistía fiscal’ a través de actuaciones de control, se han analizado posibles riesgos para «aclarar si las declaraciones estaban bien o si no eran correctas».
En concreto, se ha vigilado si había declarantes fallecidos, menores o discapacitados que pudieran ocultar a los verdaderos titulares de los bienes, y se ha prestado atención a los declarantes acogidos a regímenes especiales, a las declaraciones con bienes regularizados elevados sin que conste actividad económica o cuyo volumen no se correspondiera con la realidad, o posibles vínculos societarios, entre otros asuntos.
Menéndez ha asegurado que ahora la AEAT se está dedicando a analizar la información de esta declaración para trasladar a otros organismos administrativos o jurisdiccionales cualquier indicio que puedan detectar en relación con otros ilícitos no tributarios, comenzando por cualquier caso sospechoso de blanqueo de capitales, que se pondrá en conocimiento del servicio correspondiente.
De hecho, ya se han seleccionado 705 beneficiarios de la ‘amnistía fiscal’ sobre los que se informará al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por considerar que sus declaraciones son sospechosas de haber incurrido en un delito de ese tipo. «Quien haya cometido un delito de blanqueo o de alzamiento de bienes seguirá siendo responsable», ha reiterado.
Cuando el Sepblac concluya la revisión de los expedientes comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a qué contribuyentes está investigando o ha investigado y qué expedientes se han trasladado a la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ministerio Fiscal. Así, la ONIF podrá realizar una «investigación en profundidad», según asegura la Agencia Tributaria en una nota de prensa.
