Redacción. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado el jueves, 8 de enero, a la representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, que las oficinas de asilo cuya creación está prevista en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla abrirán sus puertas en marzo.
Según ha informado su departamento, esta es una de las novedades que ha trasladado el ministro al ACNUR en una reunión en la que han participado además el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la directora general de Política Interior, Cristina Díaz.
El ministro ha anunciado también a Friz-Prguda que ha invitado al comisario europeo de Inmigración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, al acto de inauguración de estas oficinas, fijado para el mes de marzo.
En la reunión, Fernández Díaz ha reiterado ante la responsable del ACNUR su intención de que los solicitantes que cursen petición en estas unidades puedan permanecer en las ciudades autónomas mientras se resuelve su admisión a trámite, sea en uno de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes o en un alojamiento privado. Asimismo, le ha explicado que estas nuevas oficinas estarán claramente identificados como lugares para la formalización de solicitudes de asilo o protección internacional, lo que evitará que el solicitante tenga que salir fuera de recinto fronterizo.
En estas oficinas se realizará, siempre con asistencia de abogado e intérprete, una identificación de los inmigrantes que soliciten la protección internacional que llevarán a cabo agentes de la Policía Nacional, conforme ha destacado.
Finalmente, el ministro español ha trasladado a la responsable de ACNUR la problemática que afecta a Ceuta y Melilla por la «intensa presión migratoria» que registran por su condición de ser las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano y ha subrayado por ello su «especial singularidad».
El fenómeno de la inmigración irregular, ha subrayado por último el titular de Interior, es un asunto de vital importancia que tiene que ser abordado de manera urgente por la Unión Europea bajo el principio de responsabilidad compartida.
