Redacción. La Once ha valorado positivamente la actuación realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contra el juego ilegal, y ha ofrecido su colaboración para trabajar en esta línea de erradicación de una actividad que «atenta contra los derechos de los consumidores».
«Diariamente, unas 100.000 personas se enfrentan en la calle a una situación de total indefensión ante este tipo de juegos», recuerda la Once en referencia a las actividades ilícitas de juego llevadas a cabo por la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) sancionadas este 5 de diciembre por el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio informó a través de un comunicado oficial que la OID ha sido sancionada por importe de 25 millones de euros, «como responsable de una infracción muy grave, establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego».
En la misma nota se ha señalado que «la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de Internet».
La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes, la Administración General del Estado respecto a juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas respecto a los de ámbito territorial.
A pesar de la prohibición, entidades sin la necesaria autorización venden desde hace años lotería a través de redes minoristas de vendedores que actúan fuera de toda legalidad, muchos de ellos utilizando la imagen de la ONCE y de sus tradicionales sorteos, según denuncia la ONCE.
Según los datos existentes, a finales de 2013, más de 50 organizaciones de este tipo operaban juego ilegal en toda la geografía, para lo que utilizaban casi 4.000 personas ejerciendo la venta, y acumulaban unos ingresos globales de 83,9 millones de euros.
La Once ha lamentado y denunciado especialmente cómo muchas personas son explotadas por estas redes ilegales de juego, la mayoría personas en riesgo de exclusión social, como personas con discapacidad, de las que se utiliza una imagen lastimera y de beneficencia.
