Francisco J. Martínez-López. Estimados compañeros,
Me informan desde la sede local que debo enviar un mensaje a esta dirección de correo para solicitar mi baja del partido.
Mis datos son los siguientes: Xxxx Xxxxx Xxx, DNI: XX.XXX.XXX
Respecto al motivo de mi decisión, por si les sirve para la reflexión y el avance, lo expongo a continuación.
Me afilié estando Zapatero de secretario general de forma simbólica, casi íntima, en respuesta moral a la gestión de los gobiernos de Aznar. Mi afiliación ha sido más romántica y testimonial que otra cosa –no he tenido ninguna participación activa en los actos del partido–, y mi simpatía por el partido ya venía de atrás, de la época de Felipe González, incluso antes de que fuera presidente; por edad no viví esos años de adulto, pero los he sabido valorar en visión retrospectiva.
Mi proximidad con el modelo de estado del PSOE seguirá y posiblemente seguiré votándolo, aunque no será como afiliado; dependerá de cómo se posicione ante cuestiones que considero críticas, sin embargo, como la que me ha llevado a tomar esta decisión. La idea de la baja ya llevaba unos años rondándome la cabeza, por actuaciones diversas que he observado en el partido y que no vienen al caso ahora, aunque estos días he decido llevarla a la práctica. Por lo mismo que en su día me di de alta, hoy me doy de baja, como por una cuestión moral y simbólica, ante una estética de comportamiento reciente que he observado en algunos de sus representantes, y en particular en el Secretario General, Pedro Sánchez, que no comparto, con relación al 9-N; ya había visto antecedentes en el partido antes, en las época de Zapatero y de Rubalcaba, que tampoco me gustaron. Estos días, no obstante, comportamientos concretos del Govern, por los indicios más que razonables de posible vulneración del orden constitucional, requería gestos públicos de censura del PSOE a igual altura que no he visto.
Me preocupa, y mucho, la cuestión de fondo de Cataluña; he vivido en Barcelona y la conozco bien; he hablado sobre ello con catalanes de sensibilidades diversas; la cuestión catalana y su fin extremo, separatista, tampoco tiene mucho recorrido, por más que se le quiera dar vueltas y teorizar sobre ello; me sorprende, sin embargo, el tiempo político y mediático dedicado a hablar de cuestiones diáfanas, no interpretables, sin margen para la negociación dialogada en el marco actual, como es la indivisibilidad de España. Existe un problema que requiere ser gestionado, sí, pero discrepo en que la respuesta a los acontecimientos recientes, consecuencia de ese problema, deban limitarse al ámbito político. El Estado de Derecho delimita claramente el margen de acción para la política. Debe ser respetado y defendido, caso de producirse presuntas acciones que atenten contra él, depurando las responsabilidades legales que pudieran derivarse de dichos actos. El orden constitucional es algo muy serio; lo más serio que tenemos en España. Es tan serio como que la única democracia posible es aquella dentro de su marco, no más. El llamado “derecho a decidir” de Cataluña, cuya esencia puede asimilarse con el derecho de autodeterminación, no se contempla en el ordenamiento jurídico español. Por tanto, por mucho que estos movimientos sociales quieran legitimar con sus votos este supuesto derecho democrático, no es la población que el ordenamiento jurídico legitima para ello.
La soberanía nacional y la unidad de España son cuestiones de Estado e implican un comportamiento a la altura por parte de todos los representantes de la población. Esto debe verse de manera inequívoca en los representantes de las instituciones y en los líderes de los partidos políticos, sobre todo en aquellos con vocación de gobernar, o que han gobernado España. Lamento decir que no he visto esa estética en el comportamiento del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda de que compartimos principios constitucionales, así como ideologías y análisis de cuestiones generales y concretas del país, pero con su comportamiento público respecto de este tema me demuestra menos libertad que la que yo tengo al expresarme ahora. Es comprensible, pues una persona en su puesto tiene condicionantes de peso. Pero hay condicionantes que no deberían importarle, y que deben ser ignorados ante situaciones graves, quizá constitutivas de delito, como el comportamiento de representantes institucionales de la Generalitat, que pueden haber utilizado a la institución catalana para ampararlo, contraviniendo resoluciones del Tribunal Constitucional. Estos condicionantes no deben importarle para decir, alto y claro, como sí ha hecho, que las inquietudes nacionalistas catalanas deben ser evaluadas en las instituciones legitimadas y con los procedimientos habilitados para ello por el ordenamiento jurídico, promoviendo, en su caso, una posible reforma constitucional. Por supuesto, el diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro son necesarios. Pero también, y esto no lo ha dicho tan alto ni tan claro, debe advertir de dos cuestiones:
Una, que el Estado de Derecho debe respetarse en todo momento, o, si no, el PSOE velará, hasta donde le sea posible, para que así sea. Los problemas sociales no se gestionan con querellas, pero la vulneración de la ley sí. La búsqueda del amparo de la ley puede ser una vía complementaria a la política, no incompatible, y en ocasiones como ésta ineludible por necesaria para garantizar la supremacía del Estado de Derecho en los casos que pueda existir una transgresión razonable, como parece el caso, o se debilitará peligrosamente; no debe criticarse, como se está haciendo desde el PSOE estos días, movidos en mi opinión más por intereses políticos, de oposición al Gobierno y a sus decisiones, y quizá también a condicionantes internos estructurales, que a otras cosas; el Gobierno y el PP han mostrado una sensibilidad distinta a la del PSOE ante las inquietudes nacionalistas en los últimos años, y algunos de los comportamientos del PP son discutibles, sin duda, pero ninguna crítica es admisible ante la nítida cuestión de velar por el respeto del Estado de Derecho y, en concreto, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Las posibles transgresiones legales del Govern durante el proceso del 9-N, además, deben ser depuradas, con autonomía e independencia, por el poder judicial, el único con competencias para ello, no el político. En este tema, el PSOE debe evitar tentaciones de respuesta opositora al PP y abstraerse de otros condicionantes internos en sus actuaciones, no sólo respetando, como hace, el funcionamiento del sistema judicial, sino también entendiendo que la gravedad de los hechos precisa una respuesta de dicho sistema frente al comportamiento irresponsable del President Mas.
Me temo, por otro lado, analizando la evolución de la cuestión catalana en los últimos tiempos, la continua reincidencia en la máxima del independentismo, y los mensajes que se siguen lanzando por parte de líderes del Govern y partidos aliados en la causa, no descartando posibles acciones contrarias a derecho, como la declaración unilateral de independencia, que los mecanismos de garantía del orden constitucional deberán entrar en funcionamiento de manera contundente. Lo que me parecería ya lamentable, y diría muy poco del potencial de Pedro Sánchez para ser un estadista digno de España, es que siguiera apelando únicamente a la vía política, ignorando la legal, caso de producirse un intento de escenificación secesionista como la declaración de independencia anunciada. Espero que haya compañeros sensatos en el PSOE que maticen la que parece la postura oficial en estos momentos del partido, y se recupere el norte. El progresismo no implica permisividad en la maleabilidad de la ley en cuestiones cruciales como ésta; en todo caso, promover su evolución siguiendo los cauces establecimos para ello en la Constitución, y respetando el ordenamiento jurídico democráticamente establecido.
Dos, el PSOE debe posicionarse inequívocamente como un partido que defiende la unidad de España y que en ningún caso apoyará iniciativas políticas que promuevan o consideren fórmula alguna de reforma constitucional que posibilite procesos democráticos para romper su indivisibilidad; esta unidad debe garantizarse y, por tanto, quedar al margen de cualquier diálogo o negociación política.
Preveo más bajas en el electorado socialista de no atender estas dos cuestiones.
Parte del problema social catalán puede canalizarse en una posible reforma constitucional que deberá estudiarse, sí, valorando posibles opciones dentro de los cauces habilitados para ello en la Constitución; es inadmisible, insisto, que se busquen soluciones, mucho menos a las bravas, por otros medios.
La mayor autonomía, el federalismo, parece ser la fórmula defendida por el PSOE. La orientación del país hacia un modelo federalista, siempre que se garantice, reitero, la indivisibilidad de España, es una opción, aunque tampoco llego a ver la cuestión diferencial en su fondo respecto del modelo de autonomías actual. De no existir diferencias, las propuestas de reforma deberían seguir utilizando el modelo autonómico como base; en caso contrario, el PSOE deberá argumentar y explicar bien, mediante propuestas concretas, la vía federalista que propone, y su conveniencia respecto al modelo autonómico.
En cualquier caso, y esto es importante, esta vía ha estado en el discurso del PSOE desde hace tiempo. Lo que hace este contexto histórico gravemente diferente es la posición inmovilista y extrema de algunos partidos catalanes, sobre todo porque uno de ellos está gobernando. Más allá de algo que pudiera haber sido interpretado en un principio como una estrategia de perseguir máximos de la Generalitat como un medio para obtener prebendas, mayores cesiones competenciales, del Estado, en este momento está claro que es el fin mismo. Y, ante un fin como éste, al PSOE sólo le cabe una postura firme e indudable de oposición democrática.
Concluyo. En lo que refiere a cuestiones tan graves para España como las aquí comentadas, el PSOE, y su secretario general el primero, debe evitar cualquier malabarismo político para atender sensibilidades, o no molestar, al Partido Socialista de Cataluña, y aquí centro los condicionantes internos a los que me he referido anteriormente. De lo contrario, lo que puede suponerse una estrategia inteligente para contentar a los socialistas catalanes puede no serlo tanto, por el malestar que puede ocasionar en afiliados y simpatizantes en el país, incluidos votantes socialistas en Cataluña, que no compartan este enfoque estético, peor aún si responde a un propósito ideológico intencional, de las ejecutivas catalana y nacional del partido. Sin ir más lejos, yo he decido darme de baja por ello.
Quiero acabar mis reflexiones inspirado por las históricas palabras pronunciadas por Felipe González el 22 de mayo de 1979, en el XXVIII Congreso del PSOE: “…hay que ser socialistas antes que marxistas”; esta máxima, por cierto, se la podrían aplicar también los de Podemos, por ahora en plena ebullición y alimentándose con habilidad del descontento y hastío de parte de la población, que deja de creer en los partidos históricos del país, y buscan alternativas sin mácula en las que depositar sus consumidas esperanzas; a mí nunca me han convencido sus líneas maestras, vestidas de juventud, savia nueva y purga del sistema, pero ancladas en una ideología radical de izquierdas, comunista, superada hace tiempo por los gobiernos europeos; hasta el joven Felipe González, cuando todavía se le conocía en círculos clandestinos con el alias de “Isidoro”, y no haría mucho que habría dejado atrás el olor a la vaquería familiar de Bellavista, no tengo duda de que habría puesto distancia política con esta formación, de haber existido entonces, como hizo con el PCE. Pues yo digo, compañeros, volviendo al tema de marras, en cuestiones como éstas, de garantía del Estado de Derecho y la indivisibilidad de España, el partido socialista tiene que ser español antes que catalán. Pensad en ello.
Buena suerte.
Saludos progresistas, siempre.
Xxxx.
PD: os informo, además, de que haré llegar esta carta a un contacto que tengo en la prensa, por si quisiera hacerse eco de su contenido. Creo que su publicidad puede contribuir a que se abra una línea de debate necesaria.
