Europa Press. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pide a España que dé explicaciones sobre la devolución sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, la muerte de 15 personas frente a la playa ceutí de El Tarajal, la violencia policial en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre otras cuestiones.
Así lo recoge el listado del Comité, un documento que enumera las cuestiones sobre las que España deberá informar a la ONU de cara al VI Examen Periódico del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tendrá lugar en junio o julio de 2015 en Ginebra. El Gobierno deberá ahora responder por escrito.
Para este tipo de evaluaciones, los Estados envían un primer informe al Comité detallando las políticas que tienen en marcha para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones. El reporte oficial se complementa con el que elaboran las ONG, como en este caso hizo Rights International Spain (RIS), aportando una perspectiva sobre la situación de los Derechos Humanos en el país que, según explica esta organización, «el Gobierno habría silenciado».
Tras analizar los distintos documentos, el Comité ha pedido a España que «proporcione información sobre los avances en la investigación del caso de la muerte de 15 inmigrantes que fallecieron el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta» y se sirva de «comentar los informes sobre casos de malos tratos en los CIE y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias».
En esta línea, el Comité solicita al Gobierno que comente la información «que da cuenta de abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular marroquís desde Ceuta y Melilla, y que muchas de las expulsiones ocurridas no cumplen con el procedimiento migratorio vigente en el Estado». También pide cuentas «sobre las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos».
Asimismo, le solicita informe sobre la situación de los niños extranjeros no acompañados que residen en Melilla, «las medidas tomadas para proteger los derechos» de los que entran solos en España y las que se han adoptado para «evitar los procedimientos irregulares en la expulsión de niños no acompañados, así como sobre las prácticas para la determinación de sus edades».
En el área de Igualdad, pide a España que indique las medidas adoptadas para garantizar que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades en el mercado laboral, que informe sobre la brecha salarial y la segregación ocupacional y presente un reporte del impacto de la aplicación de la Ley de Igualdad y el Plan Estratégico que se derivó de la misma.
Además, requiere información sobre «los avances» en la lucha contra la violencia de género junto a las cifras de denuncias, investigaciones, penas impuestas, indemnizaciones concedidas a mujeres, asistencia que se les presta y número de casas de acogida en los últimos cinco años. En paralelo, el Estado tendrá que dar cuenta sobre el impacto de las medidas adoptadas contra la trata de personas y la información estadística relativa a estos delitos.
Por otra parte, el Comité quiere saber «de qué manera se garantiza el acceso al aborto» en España y qué medidas se han adoptado «para informar adecuadamente a las mujeres sobre los métodos de contracepción y para evitar embarazos no deseados, así como para promover la educación sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes». También pide un reporte sobre la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad.
Ley de Seguridad Ciudadana. El progreso del Segundo Plan de Derechos Humanos y su fecha prevista de aprobación, la Estrategia integral contra el racismo de 2011, el impacto de los recortes en las políticas de lucha contra la xenofobia, las iniciativas adoptadas para luchar contra la discriminación de migrantes y minorías étnicas y las «medidas tomadas oara fortalecer el Foro para la Integración Social de los inmigrantes» y el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato son asimismo áreas sobre las que España deberá informar en la ONU.
No obstante, el Comité se interesa por otras cuestiones, y pide cuentas sobre la reforma del Código Penal y del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana «y su afectación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión», así como sobre «el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de manifestaciones, en particular a periodistas y a mujeres, y del uso indebido de material antidisturbios», del que dan cuenta informes recibidos en la ONU.
Sobre este asunto, se interesa además por «las investigaciones realizadas y sus resultados respecto al excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular sobre las manifestaciones ocurridas en la Plaza Cataluña el 27 de mayo de 2011 y en Atocha-Cercanías el 25 de septiembre 2012 y; sobre los presuntos casos de agresiones» a dos mujeres en Madrid en agosto de 2011 y julio de 2012.
«Sírvanse proporcionar información acerca de las medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por policías, incluyendo la tortura, así como sobre las reparaciones otorgadas a las víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. Sírvanse proporcionar información sobre la concesión de indultos a policías condenados por delitos de tortura. Sírvanse indicar si el Estado parte pretende crear un organismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales», dice el Comité en este capítulo.
Otras áreas. El progreso del Segundo Plan de Derechos Humanos y su fecha prevista de aprobación, la Estrategia integral contra el racismo de 2011, el impacto de los recortes presupuestarios en las políticas de lucha contra la xenofobia, las iniciativas adoptadas para luchar contra la discriminación de migrantes y minorías étnicas y las «medidas tomadas para fortalecer el Foro para la Integración Social de los inmigrantes» son también áreas sobre las que España deberá informar en la ONU.
Para la directora Ejecutiva de RIS, Lydia Vicente, el listado demuestra que el Comité «ha tenido en cuenta muchos asuntos que el Gobierno habría silenciado» y que han llegado hasta la ONU «gracias a la sociedad civil». «Esto debería servir para que el Gobierno valore con detenimiento el impacto en materia de derechos humanos de muchas de sus reformas y dé marcha atrás; de otro modo, se juega una dura condena del Comité», ha subrayado.
«El listado de cuestiones que la ONU envia a España pone de relieve muchísimas preocupaciones en relación con muchas de las reformas que está llevando o ha llevado a cabo, como la ley de tasas judiciales, que ya está en vigor. Esta es una oportunidad para darle un toque a España por la manera en que está legislando, impactando sobre los derechos recogidos por ese pacto, que es muy amplio», ha añadido.
