Redacción. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 52 personas en Elche (Alicante), Madrid y Barcelona por una macroestafa con la que presuntamente obtuvieron 15 millones de euros de más de 150.000 víctimas en toda España, en su mayoría autónomos y pymes.
Según ha informado la Policía Nacional, los arrestados están acusados de engañar a sus víctimas haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ofreciéndoles publicar anuncios a bajo coste en revistas de temática policial que en realidad no tenían distribución pública ni en centros oficiales.
La trama tenía 30 páginas web y más de 60 empresas para intentar ocultar su actividad real y blanquear los beneficios. El líder de la organización llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad o en precaria situación personal y económica.
Los detenidos son el líder de la organización, tres abogados que presuntamente le asesoraban sobre blanqueo de capitales y trabajadores del entramado. Un total de 49 personas han sido detenidas en Elche, donde además se han registrado ocho domicilios, mientras Madrid han sido detenidas otras dos y una más en Barcelona.
Los agentes se han incautado de cerca de 46.000 euros en efectivo, siete servidores (uno de los cuales se encontraba oculto en el falso techo de una de las empresas registradas), 31 discos duros, tres coches y una motocicleta y varios dispositivos informáticos. También se han bloqueado los bienes inmuebles y cuentas bancarias de 32 personas físicas y jurídicas.
La investigación se inició hace dos años a raíz de denuncias de personas afectadas por la estafa y publicaciones de particulares en foros, blogs y páginas web, y ha permitido reunir miles de datos sobre los integrantes de la trama, que planificaron y perfeccionaron su actividad durante 14 años.
Los detenidos se dirigían a trabajadores o responsables de pequeñas y medianas empresas y les ofrecían anunciarse, habitualmente por menos de 400 euros, en revistas impresas y online de temática policial. Sin embargo, se trata de publicaciones creadas y editadas sólo para este fin, con contenidos de baja calidad, poco elaborados o copiados de fuentes oficiales, aunque en algunos casos incluían entrevistas y «homenajes» a funcionarios policiales, que desconocían sus prácticas fraudulentas.
A las víctimas se les decía que las publicaciones serían supuestamente distribuidas en organismos e instituciones policiales, aunque en realidad cada uno de los ejemplares era enviado únicamente a las víctimas de la estafa, haciéndoles creer así que la distribución era real.
Además, para captar clientes masivamente, utilizaban técnicas ilícitas de telemarketing, autoritarias «e incluso coercitivas», según la Policía, que precisa que los teleoperadores eran especialmente aleccionados por el cabecilla de la organización criminal para contactar con las víctimas y solicitar «colaboraciones» para el anuncio en sus revistas. En muchos casos se presentaban o jugaban con la ambigüedad de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para promocionar su actividad, la organización llegó a contar con el soporte de 31 páginas web diferentes y más de 100 números de teléfono de información, siempre de temática carácter policial, lo cual dificultaba y ocultaba en gran medida el seguimiento de su actividad criminal, al contar con la posibilidad de ser dadas de alta y baja de forma rápida y anónima.
Así se creaban, modificaban y liquidaban de forma activa las más de 60 empresas que conformaban el entramado societario y que daban soporte a la organización criminal. El blanqueo del dinero obtenido de las actividades delictivas se perfeccionaba mediante el uso de sociedades interpuestas o pantalla, la falsificación de facturas y documentación pública.
El principal investigado y cabecilla de la organización controlaba en todo momento la totalidad de movimientos de las empresas del entramado, así como a sus trabajadores tanto a nivel profesional como personal. Esta persona llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad, en precaria situación personal y económica o sin cualificación, aprovechándose de sus necesidades y que desconocían totalmente su implicación y el alcance de los hechos.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, de forma conjunta con los grupos de delitos tecnológicos de las Brigadas de Policía Judicial de Barcelona y Albacete, y con la colaboración de la UDEF Central y de las comisarías de Barcelona, Albacete, Alicante y Elche.
Los investigadores han contado asimismo con la colaboración de los Depósitos Legales de diversas provincias españolas, así como de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid y el Depósito Legal de la Biblioteca Nacional de España.
