Redacción. El Consejo de Ministros ha dado luz verde el viernes, 12 de septiembre, a la Estrategia Española de Discapacidad, un plan de acción con horizonte 2020 que propone una batería de iniciativas para promover la igualdad, el acceso al empleo y la accesibilidad universal, como situar en cada ministerio u organismo oficial a un experto en la materia.
El documento ha sido sometido a deliberación del Consejo por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien ha destacado en la rueda de prensa posterior que, con esta iniciativa, «el Gobierno pretende garantizar a las personas con capacidades diferentes la plena igualdad de oportunidades».
El Plan de Acción de la Estrategia se articula en cinco ejes de actuación (empleo, igualdad, educación, accesibilidad y dinamización de la economía) y se desarrollará en dos fases, una primera de 2014 a 2016 y otra de 2017 a 2020, con un presupuesto total que el Ministerio de Sanidad cifra en 3.093 millones de euros. El Consejo Nacional de Discapacidad se encargará de su seguimiento.
El 95% de los recursos irá a promoción del empleo de las personas con discapacidad, según ha explicado la ministra. En este ámbito se propone incorporar a las políticas activas el factor discapacidad, crear «itinerarios individuales y personalizados o informes de capacidades» que faciliten su acceso al empleo ordinario, impulsar el emprendimiento, «fomentar la contratación pública» y «concienciar al empresariado», entre otras medidas. «Aún queda mucho por recorrer para la integración plena de este colectivo en el mercado laboral», ha advertido Mato.
En el área de accesibilidad, prevé «avanzar en la coordinación de la planificación» de los departamentos ministeriales, para lo que dice que en cada ministerio y organismo público «se creará o designará un ‘responsable de discapacidad’ semejante a la figura que ya existe en materia de igualdad de género».
Esta persona «apoyará en esta materia a los órganos de su departamento y realizará un seguimiento sobre los avances en accesibilidad en las políticas de ese departamento, de lo que informará al órgano interministerial creado al efecto», según especifica la Estrategia.
El objetivo, según detalla el Plan de Acción de la Estrategia es «incorporar la accesibilidad universal como un factor esencial, especialmente en la elaboración y aplicación de todas las normas, incluida la contratación pública y los servicios».
También para impulsar la accesibilidad, contempla «poner a disposición de las personas con discapacidad y de sus familias ayudas o incentivos, a través de planes estatales, para la realización de ajustes en materia de accesibilidad en sus viviendas y puestos de trabajo» y «desarrollar medidas de accesibilidad en el entorno construido y en los medios materiales destinados a la atención sanitaria, así como en los procesos de cuidados y tratamientos», entre otras.
Asimismo, se persigue que la información sobre la discapacidad sea accesible para todos los ciudadanos, para lo que se prevé desarrollar «un Perfil de la Discapacidad de España» que permita contar «con una serie temporal de diversos indicadores útiles para la elaboración de políticas públicas» y que gestionará el Observatorio Estatal sobre Discapacidad.
En el ámbito de Igualdad contempla objetivos como «combatir la discriminación múltiple», reducir el número de personas con discapacidad bajo el umbral de la pobreza, promover la participación del colectivo o garantizar su acceso a la salud, para lo que se detallan medidas como elaborar un «Plan Especial contra la Discriminación Múltiple en los ámbitos de la política de género y la infancia» o «fomentar medidas de apoyo al envejecimiento activo».
En materia de Educación, la Estrategia habla de combatir el abandono escolar temprano, para lo que apuesta por actuaciones como «impulsar la evaluación temprana de las necesidades educativas especiales de los menores» o «promover el refuerzo de la orientación psicopedagógica y la orientación profesional, fundamentalmente en el tránsito de una etapa educativa a otra».
Respecto al objetivo de «dinamización de la economía», se trata, conforme explica la estrategia, de «fomentar que los recursos de atención a la discapacidad constituyan un factor de dinamización económica» para lo que se proponen, entre otros objetivos, promover la conexión entre la oferta y la demanda y «apoyar a los sectores económicos con mayor potencial en la provisión de bienes y servicios accesibles».