Redacción. Las regiones de Castilla y León y de Cataluña recibirán más de 3 millones de euros cada una del Ministerio de Agricultura para la gestión a corto plazo de los purines, mientras que Murcia superará el millón de euros de transferencia con el mismo objetivo. Así consta en la memoria de impacto económico que acompaña al decreto ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los presupuestos de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de agosto.
Según la memoria, los 10 millones de euros que el Gobierno repartirá entre las comunidades autónomas procederán de la baja de diferentes créditos del Ministerio de Industria, por lo que no tendrán impacto en el déficit público. Con el dinero se financiará el transporte de purín, con un valor aproximado de 5,56 euros por metro cúbico, y se diferenciará entre las explotaciones ganaderas situadas en zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, que recibirán el 100% del coste, y las de zonas no vulnerables, que recibirán el 50%. Esto determina que las mayores partidas se vayan a asignar a Cataluña (3,37 millones), Castilla y León (3,02 millones), Murcia (1,45 millones), Castilla-La Mancha (868.662 euros), Aragón (833.915 euros), Andalucía (277.972 euros) y Galicia (178.661 euros).
Según el Ejecutivo, esta decisión es meramente una medida a medio plazo para llevar a cabo un «adecuado tratamiento de los purines que evite la contaminación de las aguas, continentales y litorales, causada por los nitratos de origen agrario», dando así margen a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, para buscar e implementar una solución definitiva a la gestión de los purines.
Los purines son estiércoles líquidos que se generan en la producción de porcino y que constituye el «principal problema medioambiental» del sector ganadero. La mayor parte de estos residuos se utilizan como fertilizante, pero hay zonas con alta concentración de producción donde se generan excedentes, lo que se vuelve «especialmente grave» en los territorios declarados vulnerables a la contaminación por nitratos, que tienen límites más estrictos para prevenir y corregir la contaminación de las aguas.
Así, hasta ahora los purines que no se usaban como estiércol eran tratados en plantas de cogeneración, que se beneficiaban de un régimen retributivo especial con cargo al sistema eléctrico y, desde 2013, también a los Presupuestos. La treintena de plantas existentes trataban 2,5 millones de metros cúbicos de purín, un 4,5% del total, mientras que el resto se usaba de fertilizante. Sin embargo, con la Ley Eléctrica de 2013 el Gobierno decidió aplicar el mismo régimen retributivo a todas las energías renovables, independientemente de la tecnología, calculándose los pagos en función de la participación en el mercado y una retribución regulada.
El Ejecutivo, que justifica este cambio normativo en que de este modo todas las tecnologías de producción eléctrica pueden «competir en igualdad» de condiciones, calcula que las primas que hubieran recibido las plantas de cogeneración a partir de purines habrían sumado 314 millones de euros, una cifra que se reduce a los 153 millones con la nueva ley, por lo que entre 2014 y 2025 conllevará un sobrecoste para el sistema de 1.720 millones de euros. «Esta reducción de las primas ha supuesto que la práctica totalidad de las plantas de tratamiento de purines con cogeneración hayan cesado su actividad», admite el Gobierno, señalando que el cierre de las plantas de secado ha tenido como «efecto colateral» la necesidad de buscar alternativas para los ganaderos.
Por eso, el Ministerio de Agricultura creó un grupo de trabajo con el sector y las comunidades autónomas, y se comprometió a conceder alguna ayuda para la gestión a corto plazo de los purines, en tanto en cuanto no se articule una solución definitiva de gestión, entre las que se barajan el transporte a explotaciones para su valoración como fertilizante, el transporte a plantas de tratamiento con tecnologías alternativas o las ayudas a la construcción o adecuación de sistemas de tratamiento y gestión tanto en las explotaciones ganaderas como fuera de ellas.
