Fachada de la Biblioteca Nacional.
Redacción. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha dado luz verde este viernes 25 de julio al proyecto de Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE), con la que se pretende dotar de autonomía a la institución, tal y como ya se hizo con el Museo Nacional del Prado o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, con esta ley «se dota a la institución de unos instrumentos que permiten hacer más eficaz su gestión y reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del estado y centro de referencia internacional de acceso a la información y al conocimiento en español».
La norma que regulará el funcionamiento de la Biblioteca, que custodia y da acceso a cerca de 30 millones de documentos, «devuelve a la institución el estatus de dirección general -sin coste alguno- que había tenido continuadamente hasta mayo de 2010 y se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte», tal y como ha añadido Sáenz de Santamaría.
Así, la institución se suma al Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como instituciones con una ley reguladora propia.
En cuanto a sus órganos de gobierno, la vicepresidenta ha indicado que «el Real Patronato pasa a ser el órgano rector colegiado con implicación directa en el establecimiento de directrices y actuaciones de la Biblioteca Nacional, así como una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio». Además, se prevé crear un comité científico con funciones consultivas.
El texto aprobado no ha sufrido cambios durante la fase de consultas. Previsiblemente, el mes de septiembre se iniciará su tramitación parlamentaria y se espera que la norma esté aprobada a principios de 2015.
Mayor autonomía. La Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España dotará a la institución de instrumentos para hacer más ágil su gestión y reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del Estado, y como centro de referencia internacional de acceso a la información y al conocimiento del español.
En el anteproyecto de la ley analizado en Consejo de Ministros el pasado mes de abril, se recogían entre las novedades sobre los órganos de gobierno que el Real Patronato, hasta ahora órgano consultivo sin funciones rectoras, pasa a ser un órgano rector colegiado con una implicación directa en el establecimiento de las directrices y actuaciones de la Biblioteca, y velará por su cumplimiento.
En cuanto al régimen de ingresos, en el anteproyecto del ley se incluían los provenientes de actividades propias y de la cesión de espacios. Así, se incluirán aquellos que perciba la institución por la prestación de servicios o la realización de actividades que, de acuerdo con la ley, no tengan naturaleza tributaria, no constituyan precios públicos y no deriven del ejercicio de potestades administrativas.
Además, cuando sea imprescindible para la consecución de los fines que tiene asignados, la Biblioteca Nacional de España podrá participar en sociedades o fundaciones cuyo objeto sea acorde con sus fines, en los términos establecidos por la legislación vigente y del modo que se determine en su Estatuto.
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