Redacción. El Consejo de Ministros ha aprobado por Real Decreto un nuevo plan integral de asistencia a la víctimas de accidentes ferroviarios que incluye un cambio en el seguro obligatorio de viajeros por el que se duplican las indemnizaciones para dichas víctimas.
La iniciativa forma parque del paquete de 22 medidas de mejora del sector ferroviario que la ministra de Fomento Ana Pastor puso en marcha hace un año tras el accidente de tren que se registró en Santiago el 24 de julio de 2013. Con ella, el Gobierno busca «mejorar la asistencia integral y garantizar el apoyo y la atención a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares», según explicó.
Para ello, la nueva norma establece «protocolos de coordinación entre todos los agentes implicados en un accidente para que actúen de forma adecuada». Asimismo, El Real Decreto incluye, a través de una disposición adicional un incremento del baremo de indemnización actualmente fijado en el Reglamente del Seguro Obligatorio de Viajeros. De esta forma, en caso de siniestro, «la persona accidentada o los beneficiarios del seguro percibirán una indemnización que duplicará la contemplada actualmente en el reglamento», aseguró Pastor.
En cuando al nuevo sistema de atención a las víctimas, recoge por un lado las actuaciones que debe garantizar la Administración General del Estado, por otro lado la que corresponde a las comunidades autónomas y, por último, la de las empresas ferroviarias.
En cuanto a las medidas que corresponden a la Administración central, contempla todo lo relacionado con la comunicación con embajadas cuando se registren víctimas de otras nacionalidades, la gestión de visados para entrar o salir en el país y la tramitación de viajes para familiares de víctimas, además de medidas administrativas para repatriación de fallecidos si fuera necesario.
Respecto a los planes de las regiones, la nueva norma de actuación regula todo lo relacionado con la prestación de asistencia psicológica, la protección de su identidad y privacidad, la habilitación de espacios privados para los familiares, y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas.
En cuanto a las empresas ferroviarias, deberán facilitar información sobre las personas que viajaban en el tren accidentado, habilitar instalaciones para dar asistencia, atención e información a los familiares y garantizar el transporte de las víctimas y sus familias y algo «tan importante para los familiares de las víctimas» como el depósito y devolución de los efectos personales, según detalló la titular de Fomento.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha modificado la norma que regula la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El texto amplía de la duración del mandato de sus integrantes desde cuatro hasta seis años, pero elimina la posibilidad de reelección para el cargo. Recoge de forma expresa los supuestos de cese en el cargo de los miembros del pleno de la comisión, así como las funciones de su presidente. El equipo de investigación será designado para cada investigación por el presidente de la Comisión, pudiendo recurrir a peritos internos o externos, según los requerimientos de la investigación.
