Redacción. El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves 10 de julio el decreto ley por el que se concede un crédito extraordinario de 95 millones de euros para la I+D+i.
El ministro del ramo, Luis De Guindos, ha sido el encargado de presentar este decreto ley en el Congreso, que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el BNG, que se ha abstenido.
Según ha destacado, se trata de un «suplemento» por el que se refuerzan todas las convocatorias de la Secretaria de Estado de I+D+i y en concreto, las «más relevantes», como la de retos y excelencia, que se publicarán a lo largo de julio e incrementarán su dotación hasta los 390 millones de euros; las de recursos humanos, con 195 millones de euros, que permitirá la contratación de casi 2.000 científicos.
«Garantizamos así el normal desarrollo de convocatorias del plan de actuación 2014, con una inversión total de más de 3.000 millones 201-2018», ha asegurado.
Se trata de una norma, que fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 20 de junio, y con la se benefician las ayudas de los programas estatales de generación de conocimiento -proyectos de I+D Excelencia, ‘Explora Ciencia’, ‘Explora Tecnología’, acción de dinamización ‘Europa Excelencia’ y centros de excelencia ‘Severo Ochoa’-.
La finalidad de estas convocatorias es promover, mediante concurrencia competitiva, la ejecución de proyectos de investigación e innovación, así como otras actividades cuyos resultados representen un avance significativo del conocimiento.
Otros programas que verán reforzadas sus cantidades serán los de formación -contratos para la formación pre y post doctoral-, movilidad -ayudas para la realización de estancias formativas en el extranjero o en centros de I+D empresariales- e incorporación -convocatorias de contratación de doctores y tecnólogos como el ‘Ramón y Cajal’ o el ‘Torres Quevedo’-.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha subrayado durante su exposición que, a pesar del contexto presupuestario, el Gobierno ha mantenido un nivel de inversión pública en línea con la UE y se ha conseguido sanear y estabilizar la situación de las instituciones públicas científicas más importantes, como el CSIC o el CNIO, así como otros organismos públicos de investigación.
