Redacción. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, 24 de junio, dos proyectos de ley que tienen como objetivo que las medidas de protección a las víctimas sean efectivas en toda la Unión Europea y que España reconozca como propias las resoluciones penales dictadas en otros países comunitarios, con los que habrá un mejor intercambio de antecedentes penales.
La Comisión ha sacado adelante el proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y el proyecto de Ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
El PP ha calificado como la «piedra angular de la cooperación jurídica» ambos textos que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo y establece que el Registro Central de Penados será la autoridad competente española para enviar y recibir la información sobre antecedentes penales a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
Además, se mejora la asistencia a las víctimas para garantizar que la orden europea de protección sea efectiva en todo el territorio de la Unión. Las medidas adoptadas a favor de una persona que se sienta amenazada la acompañarán en cualquier desplazamiento y quien haya ocasionado tal peligro tendrá que responder por su incumplimiento en cualquier país de los Veintiocho.
Las normas consagran el principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea, por lo que serán tenidas en cuenta en los procesos que se produzcan tras la comisión de nuevos delitos en las mismas condiciones que si la sentencia condenatoria hubiera sido dictada en nuestro país.
Reinserción social de presos. El reconocimiento mutuo las resoluciones penales posibilita que los presos extranjeros sean enviados a su país de origen y que los españoles condenados en otros Estados cumplan su pena en nuestro país. Se incrementará así la reinserción social del condenado al permitirle mantener sus lazos familiares, lingüísticos y culturales, mientras que se mejorará el control de las medidas que pesan sobre él para evitar la reincidencia.
En este sentido, el PP ha presentado una enmienda transaccional a la iniciativa del PSOE para que España no pueda tomar en consideración aquellas infracciones cometidas en otros Estado miembro cuando no haya una condena firme.
El PP ha transado una enmienda del Grupo Vasco para que el intercambio de la información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados de España y las autoridades centrales de los restantes países miembros se pueda realizar por vía electrónica.
Estos textos legales son consecuencia de la trasposición al ordenamiento jurídico español de las distintas normas que en materia de cooperación judicial penal ha dictado la Unión Europea desde 2002, cuando se estableció la orden europea de detención y entrega, y que han permitido impulsar la cooperación judicial penal de los tribunales españoles con los comunitarios.
