Redacción. Un total de 109 detenidos, entre ellos los seis responsables de la trama, después de que agentes de la Policía Nacional haya desarticulado en Ibiza una red dedicada a facilitar a extranjeros el acceso a prestaciones, subsidios y permisos de residencia, mediante la elaboración de contratos falsos a través de una empresa ficticia.
Según han informado fuentes policiales, tras el operativo se han anulado 31 autorizaciones de residencia. Además, se estima que los ingresos obtenidos por los falsificadores podrían haber superado los 500.000 euros y que el fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a más de 470.000 euros.
Las investigaciones comenzaron en octubre del pasado año a raíz de la información facilitada por la Unidad Especializada de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación Insular del Gobierno.
Las pesquisas se desarrollaron en torno a una empresa dedicada supuestamente a la construcción, pero que en realidad era una sociedad ficticia. Los agentes comprobaron que la mercantil había dado de alta en el Sistema de la Seguridad Social a un total de 156 trabajadores, aunque algunos no llegaron a realizar actividad laboral alguna.
La finalidad real de la empresa era que los supuestos empleados obtuviesen de forma irregular un contrato que les permitiera acreditar la acumulación de los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones o subsidios. Estas contrataciones falsas y altas irregulares también se producían para que los extranjeros, en situación irregular o pendientes de la renovación de sus permisos de residencia, utilizaran este recurso fraudulento para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones a las que no tendrían derecho acudiendo a los procedimientos legales.
Estas conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y estafa e incluso, dependiendo de la cuantía defraudada, de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública o los derechos de los trabajadores.
La Policía Nacional ha destacado que los falsos empleados lograron acceder a prestaciones económicas, que en algún caso superaron los 8.000 euros, y obtuvieron permisos de residencia y paralizaron expedientes de expulsión que habían sido incoados, alcanzando finalmente la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Los falsos empresarios por su parte recibían a cambio compensaciones económicas, que llegaron a alcanzar los 3.600 euros por justificar un periodo de seis meses de trabajo.
