Redacción. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros. La denominada operación “Espa” es la más importante realizada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional y que ha permitido destapar un fraude de más de 20,5 millones de euros. Una investigación enmarcada en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
En total, los agentes han detectado 142 falsas mercantiles dedicadas supuestamente a la hostelería, mensajería, limpieza o jardinería. Los arrestos se han producido en Madrid (197), Barcelona (188), Almería (88), Alicante (79), Jaén (73), Granada (50), Valencia (29), Guadalajara (24), Girona (12) y Castellón (12). Entre los arrestados se encuentran 30 administradores de las falsas empresas, 22 de ellos de nacionalidad española.
Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que, a través de esas empresas ficticias, los administradores habrían gestionado el alta de más de 8.400 personas. Además, se ha constatado que 2.112 obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y 362 extranjeros habrían intentado regularizar su situación en España. En total se han esclarecido casi 4.000 delitos de falsificación documental, fraudes y estafas en una operación que continúa abierta, con lo que no se descartan nuevos arrestos.
Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito en abril de 2013.
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