El Gobierno espera que el empleo se active. / Foto: Europa Press.
Redacción. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a 12 personas en la investigación a un entramado de 51 empresas que habría defraudado más de diez millones de euros a la Seguridad Social. Los arrestados se dedicaban a descapitalizar sociedades, trasladando los elementos de producción a otras, utilizando para ello testaferros y empresas interpuestas. Otras 20 personas están siendo también investigadas, entre ellas administradores, testaferros y colaboradores.
Las pesquisas comenzaron al ser detectadas varias empresas sospechosas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, principalmente en la provincia de Barcelona. Los responsables de estas mercantiles buscaban principalmente producir la situación de insolvencia de las mismas. Para ello se valían de diferentes sistemas defraudatorios, como la creación sucesiva de sociedades a las que transferían la actividad y elementos patrimoniales de la deudora.
Cesión irregular de mano de obra. En otras ocasiones utilizaban un grupo de empresas entre las que se constituía una principal que ostentaba el patrimonio y otras descapitalizadas que complementaban supuestamente la actividad de aquélla, utilizando fraudulentamente la normativa laboral (cesión irregular de mano de obra, contratas ficticias, facturaciones entre ellas mismas, etc…).
Impagos sistemáticos de seguros sociales. Además, en los últimos años, los responsables de las empresas habían incrementado el número de impagos sistemáticos de seguros sociales, llegando a sobrepasar los 120.000 euros anuales o los 50.000 euros en 2013.
Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades, los investigadores coordinaron diferentes operativos que han culminado con la detención de 12 personas en la provincia de Barcelona y la investigación de otras 20. Por el momento los agentes han esclarecido un total de 33 presuntos delitos contra la Seguridad Social, 3 de insolvencias punibles y 2 de Frustración de la Ejecución/Alzamiento de Bienes; delitos que acumulan un fraude de 10.356.448 euros al erario público.
Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y de las comisarías de Vic y Manresa de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Igualmente estas actuaciones se han desarrollado con la colaboración del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona.
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