El Gobierno flexibiliza las condiciones para que las empresas públicas puedan contratar

Reduce de tres a dos los ejercicios en los que estas sociedades deben tener beneficios para poder contratar y eleva del 50% al 90% la tasa de reposición permitida en estas sociedades.

Fachada del Congreso de los Diputados. / Foto: Europa Press.
Fachada del Congreso de los Diputados. / Foto: Europa Press.

Europa Press. El Gobierno ha decidido flexibilizar las condiciones que deben cumplir las sociedades mercantiles públicas para poder contratar personal que actualmente trabaje para ellas en la modalidad de contrato temporal, ampliando la tasa de reposición autorizada y reduciendo las exigencias contables.

Así consta en una de la treintena de enmiendas parciales que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Segunda Oportunidad.

La propuesta ‘popular’ plantea una modificación en el proyecto de ley de Presupuestos de este ejercicio para reducir de tres a dos los ejercicios en los que una sociedad mercantil pública debe tener beneficios para poder contratar.

Además, eleva del 50% al 90% la tasa de reposición permitida en estas sociedades, si bien las contrataciones quedan limitadas únicamente a la consolidación de empleo temporal ya existente.

Prudencia financiera. Por otra parte, el PP ha presentado otra enmienda para obligar a los organismos y entidades integrantes del sector público estatal, salvo el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a someterse a los principios de prudencia financiera fijados por el Gobierno.

También propone excluir de la norma general de desindexación a los instrumentos de tesorería que, junto con los financieros, deben tener, a juicio del Gobierno, la “máxima capacidad y flexibilidad de formatos para captar el ahorro al menor precio”.

Por último, modifica la Ley de Cooperativas agroalimentarias para recoger la consulta previa obligatoria a las comunidades autónomas en relación con el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias supraautonómicas y la Ley de Contratos del Sector Público para permitir a los gobiernos regionales utilizar el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, previo convenio con el Ministerio de Hacienda.

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