El Congreso aprueba la nueva ley de Financiación Empresarial, que regula el crowdfunding

Los diputados han debatido por última vez sobre esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros a principios de octubre y salió de la Cámara Baja el 7 de enero.

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

Europa Press. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves 16 de abril de forma definitiva el proyecto de ley de Financiación Empresarial, que regula nuevas formas de acceso al crédito como el crowdfunding, tras su paso por el Senado, donde el texto ha quedado modificado por una veintena de enmiendas, la mayor parte del PP junto con un par de CiU.

Los diputados han debatido por última vez sobre esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros a principios de octubre y salió de la Cámara Baja el 7 de enero, donde cosechó el apoyo de PP, UPyD, CiU y el PNV, frente a la abstención del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

El debate se ha centrado únicamente en las enmiendas de la Cámara Alta, entre las que ha destacado una del PP para “introducir mayor grado de flexibilidad” en materia de contratación de personal por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “dado el incremento de competencias asumidas por dicho organismo.

Así, el organismo supervisor que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez ha podido decidir sobre la “oportunidad” de convocar procesos de selección de personal con los que “cubrir vacantes de la plantilla aprobada en el presupuesto de explotación y capital de la entidad”, quedando dicho proceso fuera de la oferta pública de empleo (OPE).

Crowdfunding. Por otra parte, se precisan en esta Ley las condiciones para conformar una plataforma de financiación participativa -el llamado ‘crowdfunding’- de modo que el capital social mínimo de 60.000 euros deba ser desembolsado “íntegramente en efectivo”.

No obstante, también se permite constituir una plataforma de este tipo mediante una tercera vía: contar con una “garantía equivalente” que tenga un nivel de cobertura “equivalente” a la del capital social mínimo y el seguro de responsabilidad civil.

El Senado también ha reducido el “esfuerzo” que las plataformas de crowdfunding deben hacer en aras a la transparencia, de modo que ya no deba difundir sino únicamente hacer accesible la información entre los promotores de los proyectos y los potenciales inversores a través de su página web. También se clarifica que el crowdfunding estará sometido a la inspección y sanción de la CNMV, pero también a su supervisión.

A propuesta de CiU, las plataformas de crowdfunding no sólo podrán asesorar a los promotores sobre la publicación de sus proyecto, sino que también estarán autorizadas a prestar servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad y diseño. Asimismo, contarán con 15 meses, en lugar de 12, para inscribirse si quieren realizar nuevas operaciones.

Otras medidas. Junto con toda una batería de correcciones técnicas y precisiones de forma, las enmiendas del Senado modifican los requisitos de constitución de los fondos de titulización, para que no se apliquen sólo a los valores dirigidos exclusivamente a inversores cualificados sino, más precisamente, a los que “no vayan a ser admitidos a negociación en un mercado secundario oficial”.

Los financiadores de estos fondos también quedarán sujetos al régimen de supervisión y sanción de la normativa, en cuanto a acreedores de dichos fondos, y se extiende el criterio general sobre el régimen transitorio de los procedimientos administrativos previsto a las autorizaciones relacionadas con empresas de servicios de inversión y a los procedimientos sancionadores de la Ley del Mercado de Valores.

En materia de plazos, también se amplía de uno a dos meses el tiempo para remitir a la CNMV los informes trimestrales de los fondos de titulización que deben realizar las sociedades gestoras de fondos y se impone la entrada en vigor en el momento de la publicación de la ley –sin esperar a que paseo el plazo transitorio– de los artículos relativos a las obligaciones de información y comunicaciones de hechos relevantes y de las exigencias sobre informes anuales y trimestrales para los que se publiquen transcurridos doce meses.

Congreso. A su paso por el Congreso a finales de 2014, este proyecto de ley ya sufrió cambios importantes, como el aumento hasta los cinco millones de euros de la cantidad máxima que se puede captar mediante ‘crowdfunding’ por parte de los proyectos dirigidos exclusivamente a inversores acreditados o profesionales.

Para el resto de proyectos, el límite está situado en los 2.000 millones de euros por plataforma, en los 3.000 euros por proyecto y en los 10.000 euros por el conjunto de las plataformas que usen los minoristas, que no podrán usar mecanismos de inversión automáticos, como sí se ofrece a los inversores profesionales, que tampoco tienen límite de inversión.

Además, se prohibió que los proyectos de crowdfunding basados en préstamos pudieran incorporar garantías hipotecarias sobre la vivienda habitual del prestatario y se elevó hasta un año el tiempo en que estas plataformas deben estar inactivas para perder su autorización.

El proyecto de ley también recoge otras fórmulas para fomentar la financiación de las pymes, tales como la creación de un nuevo documento ‘Información Financiera-Pyme’ que debe incluir toda la información de las pequeñas empresas sobre seguros, créditos, etc. Asimismo, se prevé que las pymes y los autónomos reciban un preaviso antes de que se les corte o disminuya la financiación.

Por otra parte, se obliga a las sociedades que superen los 500 millones de euros de capitalización pasar del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) al mercado regulado, salvo que se trate de sociedades financieras o de inversión; y se endurece el régimen infractor en el mercado de valores.

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