Consenso para sacar adelante un plan estratégico e integral contra la radicalización violenta

El objetivo de esta iniciativa es prevenir, detectar y actuar a tiempo ante posibles amenazas a la seguridad del país, haciendo especial hincapié en el terrorismo yihadista.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Foto: Moncloa.
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Foto: Moncloa.

Redacción. El Consejo de Ministros ha aprobado este 30 de enero un Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta cuyo objetivo es crear las estructuras y el plan de trabajo necesarios para prevenir y neutralizar esa amenaza, especialmente la del terrorismo yihadista.

En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este Plan “es un marco de trabajo de los distintos poderes públicos para, de forma coordinada, detectar y actuar a tiempo frente a potenciales brotes de radicalización“.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que el principal riesgo en este terreno procede en la actualidad del terrorismo yihadista. Fernández Díaz ha destacado los esfuerzos contra esta amenaza en el ámbito internacional; entre los ejemplos más recientes, la cumbre convocada por el ministro del Interior francés tras los atentados de París y la reunión de los ministros de Justicia e Interior de la UE celebrada ayer en Riga (Letonia).

En el ámbito nacional, el ministro se ha referido al acuerdo “al que se ha llegado con el PSOE y que tiene que ser formalizado” para dotar al Estado democrático y de derecho de los instrumentos jurídicos necesarios contra ese tipo de terrorismo. “El Código Penal actual nos permitió dotar a jueces, fiscales y a las Fuerzas de Seguridad de los instrumentos necesarios para derrotar a un terrorismo como el de ETA o el del Grapo; ahora necesitamos dotarlo para hacer frente a otro terrorismo como es el yihadista, que tiene otra naturaleza y otras características”, ha explicado.

Prevenir​ la radicalización. A juicio de Fernández Díaz, el Plan aprobado tras dos años de trabajo será “un instrumento esencial en el campo de la prevención”, con el objetivo de “evitar el surgimiento y, en su caso, el desarrollo de procesos de radicalización violenta y extrema y su posible salida hacia el terrorismo, mediante la detección temprana y su eventual neutralización”. El titular de Interior ha recordado que, entre 1996 y 2012, siete de cada diez condenados por yihadismo en nuestro país se habían radicalizado total o parcialmente en España.

Fernández Díaz ha subrayado que se trata de una iniciativa global e integral: ha sido elaborada por un grupo de trabajo interministerial con la participación de la sociedad civil y de los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización e implica a los diferentes poderes públicos y entidades sociales. Además, tiene un carácter nacional y estratégico -establece un marco general que se irá concretando en sucesivos planes anuales- y se inscribe en las estrategias de seguridad y contra el terrorismo de la Unión Europea y de España.

En cuanto a los ámbitos de actuación, el Plan distingue entre el interno, el externo y el ciberespacio, “fundamentalmente en Internet a través de las fuentes abiertas”, ha detallado el ministro. Fernández Díaz ha apuntado que desde el año 2012 el 80% de los procesos de radicalización se producen en Internet y que se busca generar una “contranarrativa” que contrarreste los mensajes radicales que se difunden especialmente por la Red.

El Plan establece una única estructura nacional, coordinada por el Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, i​ncardinada en el Ministerio del Interior y que integrará a diferentes ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a otras instituciones, organismos y asociaciones. Ese grupo se coordinará con los ubicados en cada término municipal. Además, el Plan contiene un apartado específico para combatir la radicalización en los centros penitenciarios.

De esta forma, ha señalado el ministro, se “crean las estructuras y el plan de trabajo necesarios para detectar focos de potencial radicalización e intervenir en ellos, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la radicalización que hace que individuos tomen la decisión de convertirse en violentos y, en el peor de los casos, en terroristas”.​



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