Redacción. El año 2013 se cerró con el mayor número de solicitudes de estatuto de apatridia de la última década, un total de 1.142 casos de personas que por no tener un país que les reconozca como ciudadanos, se ven obligados a solicitar protección a terceros Estados, como España, donde reciben un documento que da derecho a trabajar y circular libremente por el territorio. En su pasaporte no hay una nacionalidad. Son los ciudadanos XXA.
En total, las 1.142 solicitudes del año pasado de las que da cuenta un informe del Ministerio del Interior publicado esta semana, suponen un incremento del 138,4 por ciento respecto de las 479 que se presentaron en 2012. Un año antes habían sido 92, en 2010 se contaron 176 y en 2009, sólo 51.
De hecho, a excepción de 2008, cuando se registró el pico más alto hasta ahora de la serie estadística, con 832 solicitudes del estatuto de apátrida, las cifras en la última década se habían mantenido en niveles muy inferiores: 98 en 2003, 107 en 2004, 46 en 2005, 34 en 2006 y 26 en el año 2007.
Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) atribuyen el incremento a un mayor número de solicitudes cursadas por saharauis, ante el hecho de que España no suele concederles asilo político. Aunque al principio, tenían también dificultades para acceder al estatuto de apátrida, reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han acabado consolidando este derecho y desde mayo del año pasado, se tramitan los expedientes en vía administrativa «con más fluidez».
La jurisprudencia española al respecto se remonta a 2007, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia reconociendo a una mujer saharaui el derecho a recibir el estatuto de apátrida, eximiéndola de la obligación de nacionalizarse marroquí. La Sala llevaba así la contraria a la Audiencia Nacional y al Ministerio del Interior, que le habían negado previamente este derecho por entender que siendo del Sáhara Occidental podía pedir la nacionalidad a Marruecos.
El año pasado, el Supremo se pronunció de nuevo sobre el particular de los saharauis en una sentencia que CEAR tildó entonces como histórica porque reprochaba al Ministerio del Interior que «despachase» las solicitudes de asilo de estas personas denegando directamente su admisión a trámite, sin permitir así que se analizasen las circunstancias de cada uno en profundidad, en una «patente disminución de garantías para el solicitante».
Con todo, es frecuente que los solicitantes saharahuis acaben recurriendo a la justicia. En los últimos meses la Audiencia Nacional ha emitido varias sentencias de reconocimiento del estatuto de apátrida a personas a quienes la Administración se lo había negado por motivos como carecer de un documento de la ONU que certificase la condición de refugiado, algo que habiendo más pruebas de la falta de nacionalidad, no es imprescindible.
A lo largo de 2013, el Ministerio del Interior resolvió 298 expedientes y concedió el estatuto de apátrida a 232 de ellos. Un total de 16 personas consiguieron acceder a esta condición sentencia judicial mediante. El informe oficial no desglosa por lugares de nacimiento, aunque los expertos consultados por Europa Press apuntan que, por proximidad, el grueso de los casos fueron de saharauis.
No serán apátridas toda la vida, si no lo desean. En España, al cabo de diez años de residencia pueden solicitar y conseguir que se les conceda la nacionalidad, como si fueran extranjeros de países de fuera de la Unión Europea con los que España no tenga convenios especiales. Si contraen matrimonio con un nacional español, el requisito se acorta: pueden pedir el DNI al cabo de un año.
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