La Justicia considera que Rato y Blesa consintieron y propiciaron el uso indebido de fondos con tarjetas B

Europa Press. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu considera que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían “consentido, aceptado y propiciado” el uso indebido de fondos de los dos bancos mediante la atribución y uso, en provecho propio, de ‘tarjetas B’ que entregaron también a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este 17 de octubre en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres para Rato.

Ambos “habrían consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad, mediante la atribución y uso en provecho propio y mediante la entrega de tarjetas de crédito a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos” lo que “supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo”, especifican los autos.

Andreu precisa que las ‘tarjetas B’ se entregaron sin que existiera “precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado, ni órdenes o decisiones adoptadas por ningún directivo en las que se encuentre soporte o sustento que justifique la existencia, operativa de dichas tarjetas”.

De forma encubierta. El juez explica en los autos que tanto Blesa como Rato entregaron los plásticos a nuevos consejeros o directivos que tomaban posesión de sus cargos durante su mandato, continuando así con esta práctica. Avalaron, además, el gasto que este medio de pago generaba: las cantidades gastadas “eran contabilizadas de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores”, indica.

El magistrado asegura que existen “factores” que determinan la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real contra los dos expresidentes debido a “la gravedad y complejidad de los hechos” y “la evidencia de que se está lejos de cerrar la instrucción”. “Todo hace suponer que la fase de juicio oral no se encuentra en absoluto cercana”, precisa.

Andreu les ha dado de plazo hasta el miércoles, 22 de octubre, para abonar las fianzas apercibiéndoles de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes para cubrir la suma fijada. La ocasión anterior en la que se impuso una caución millonaria a Blesa fue en mayo de 2013 cuando depositó en menos de 24 horas los 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva la primera vez que ordenó su prisión provisional.

Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las ‘tarjetas B’ como la multa del 25 por ciento que establece la ley.

Embargo a Blesa. En este sentido, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, asumirá el embargo de su patrimonio al no poder hacer frente a la fianza de 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, según informaron fuentes jurídicas.

El expresidente de la caja madrileña no tiene capacidad económica suficiente para afrontar el abono de la millonaria cantidad. Blesa sí que pudo atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión en mayo de 2013.

Además, el banquero tiene previsto recurrir en cinco días la fianza acordada por el juez Andreu, aunque la presentación de este escrito no paraliza el plazo del que dispone para hacer efectiva la caución, que vence el próximo miércoles.

Blesa posee cinco días para depositar la fianza. En caso contrario, el magistrado Andreu llevará a cabo una averiguación patrimonial y requerirá al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria un listado sobre sus bienes.

El procedimiento habitual a seguir por los juzgados en caso de embargo es proceder a una averiguación patrimonial, solicitando a los organismos citados la localización de sus bienes con el objeto de elaborar un listado que incluya conceptos como salarios, pisos, vehículos o acciones. Tras ello, se librará un oficio para proceder a su embargo comenzando por aquellos con mayor liquidez, como cuentas y acciones.

En el caso de los pisos, se pedirá una nota simple al Registro para comprobar si tiene cargas y un perito tasará la vivienda. Si los afectados aportan sus propios peritajes, estos se contrastarán con los ordenados por el juez.

Esta materia aparece regulada en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria o los artículos 141 y 142 del Reglamento Hipotecario relativos a las anotaciones preventivas de derechos en los registros y los embargos de bienes inmuebles.

Denuncia del FROB. El escándalo de las tarjetas B fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el ‘caso Bankia’, preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.

Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en la caja madrileña (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.



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