Mejoran la coordinación entre jueces y policías en las denuncias de violencia de género

La medida, que se suma a otras presentadas con anterioridad y que persiguen acabar con el repunte experimentado recientemente, podría ponerse en marcha sin esperar a que pase por el Congreso.

Sede del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Sede del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Europa Press. El Gobierno impulsará mecanismos de coordinación para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dispongan de aquellas denuncias y partes de lesiones en casos de violencia de género que no hayan sido presentadas en dependencias policiales.

Esta es una de las medidas anunciada por la delegada del Gobierno de Violencia de Género, Blanca Hernández, tras la reunión mantenida este 3 de septiembre entre la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona.

Hérnandez ha comparecido ante los medios tras el repunte de víctimas de violencia de género surgido este verano. Entre las medidas anunciadas para combatir estos crímenes, se incluyen algunas ya adelantadas anteriormente y que ya están en trámite parlamentario, junto con otras “más ejecutivas” que podrían ponerse en marcha sin esperar a su paso por el Congreso, como la citada coordinación entre jueces y policías.

Así, según ha explicado la delegada del Gobierno, a pesar de que la mayoría de las propuestas se enmarcan todas dentro del ámbito judicial, “son muchos los ángulos desde los que hay que trabajar”. En cualquier caso, ha reiterado que las propuestas están enfocadas para mejorar la ayuda a las víctimas “antes, durante y después” del proceso de denuncia.

En el caso de la propuesta para mejorar la comunicación entre jueces y policías, Hernández ha recordado que hasta ahora se producían algunos casos que eran denunciados en juzgados de violencia de género no eran comunicados a la Polícia, lo que dificultaba su labor a la hora de valoración de riesgo de las víctimas.

No obstante, según el Ministerio de Sanidad, esta propuesta ayudará a que en el momento de la citada valoración “se pueda conocer en todo momento los hechos o circunstancias que pueden influir, garantizando además la existencia de valoración en todos los casos”.

Además de la coordinación, Asuntos Sociales trabajará en otras medidas incluidas en el Proyecto de Ley de asistencia gratuita para la mujer, en el Estatuto de la Víctima o en la reforma de la Ley del Código Penal, entre otros.

Así, el ministerio plantea mejorar el cuestionario de valoración policial de riesgo que se viene celebrando desde el pasado mes de julio, incluyendo variables relacionadas con las vulnerabilidades de las víctimas. También tipificar como delitos la manipulación de los brazaletes de localización de agresores o las “conductas de acecho” en las nuevas tecnologías.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de continuar con el seguimiento de las víctimas por parte de administraciones más allá de la vigencia de las órdenes de protección y en ofrecer asesoramiento jurídico gratuito antes de la presentación de la denuncia. En el caso de los operadores jurídicos, también se instará a una mejora de su formación en estas cuestiones.

Hernández ha recordado que desde el año 2009 las denuncias por violencia de género han ido cayendo y considera que estas propuestas podrían ayudar a mejorar este dato, gracias a que se garantiza la viabilidad del proceso judicial, ya que, en ocasiones, las denuncias no salen adelante por una mala tramitación.

Acuerdo social. Tras este encuentro, Mato prevé una agenda de trabajo encaminada a la consecución de “un gran acuerdo social” contra este problema que involucre a grupos políticos y a agentes sociales. Así, se reunirá con los grupos parlamentarios la semana próxima, y más adelante con organizaciones empresariales, sindicatos y grupos de comunicación.

Al mismo tiempo, ha convocado un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer que integran las organizaciones de mujeres, comunidades autónomas, agentes sociales y ministerios implicados en la erradicación de la violencia de género.



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