Intervención de la secretaria general de Consumo, Pilar Farjas, en la Universidad Menéndez Pelayo. / Foto: Europa Press.
Europa Press. Los más de 534.000 afectados por las participaciones preferentes han recuperado en un año, desde julio de 2013 hasta el mismo mes de este 2014, un total de 2.912 millones de euros con el proceso de arbitraje al que el Ministerio de Economía y Competitividad obligó a adherirse a las entidades intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc-.
Así lo ha asegurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) la secretaria general de Consumo, Pilar Farjas, quien ha precisado que de estos casi 3.000 millones, 1.097 corresponden a participaciones preferentes ofertadas por Bankia.
Según ha señalado, en total ha habido, hasta el momento, unas 303.000 solicitudes de arbitraje admitidas en todo el territorio nacional. Los «muy pocos casos» que quedan, ha añadido, se refieren a situaciones en las que «no está claro que los preferentistas no supieran las condiciones de los productos».
La representante de Sanidad ha dado estas cifras en una mesa redonda del encuentro ‘Problemas actuales del Derecho del Consumo’, en la que también han participado el director general de Autocontrol de la Publicidad, José Domingo Gómez; la directora general de Comercio y Consumo de Cantabria, Ana María España, y la directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Evely Jacir de Lovo.
Farjas también ha apuntado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del que dependen las competencias de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) -que ella preside-, baraja la posibilidad de que las empresas paguen las Juntas de Arbitraje de Consumo -al que empresas y consumidores tienen que estar adheridas de forma voluntaria-, que son gratuitas para los ciudadanos.
Sin embargo, ha asegurado que lo que el Ministerio «no se plantea» es cambiar la naturaleza de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y convertirlas en consumidores, una definición que el ordenamiento jurídico español delimita a las ONG y a los ciudadanos a nivel individual.
Además, ha recordado las medidas que refuerzan los derechos de los consumidores y que se recogieron en la Ley 3/2004 de 27 de marzo, que, entre otras cosas, prohibía el spam telefónico entre las 21.00 y las 9.00 horas.
Sobre el pago de las Juntas de Arbitraje de Consumo por parte de las compañías, Ana España ha reivindicado que hay que evitar que estas juntas sean «su departamento de atención al cliente», un punto en el que ha coincidido con Gómez, que defiende la gratuidad de este tipo de resolución extrajudicial de conflictos para los consumidores «porque si no, esta herramienta se pervierte».
Asimismo, Gómez considera que el proceso de arbitraje de Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc es «un caso de estudio que podría presentarse a nivel internacional porque es un magnífico ejemplo para los demás«.
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