Redacción. La construcción del AVE Madrid-Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto, más de 1.700 millones de euros adicionales, y todo ello pese a que en el proceso de adjudicación de contratos se habían conseguido ahorros respecto a los precios de licitación de los diferentes proyectos.
Así lo señala el Tribunal de Cuentas en el ‘Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 y hasta la puesta en funcionamiento de la línea’.
Este documento ha sido presentado por el presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Según Álvarez de Miranda, la construcción de los 621 kilómetros de línea ferroviaria que separan la capital de la Ciudad Condal fue adjudicada por 7.235 millones de euros.
Sin embargo, el coste final del proyecto ascendió a 8.967 millones de euros, lo que supone un desvío global del 31,4% respecto del precio de adjudicación, un sobrecoste de 1.732 millones de euros. Con esto, cada kilómetro de la línea salió a 14,4 millones de euros.
En concreto, los contratos de obras recibieron 5.406 millones de euros, un 10% menos de lo licitado inicialmente. Sin embargo, este ahorro se convirtió finalmente en un sobreprecio del 35,5%, ya que el monto total de las obras se acabó elevando a 7.326 millones y retrasando 4,5 meses de media los diferentes plazos.
El Tribunal critica duramente la actuación del presidente del extinto Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo antecesor de Adif, por haber realizado un «uso abusivo» de la facultad que tiene de iniciar los expedientes de obra por razones de urgencia, un procedimiento que utilizó en todos los casos, saltándose así al órgano de contratación regular, que es el consejo de administración.»Dicha urgencia alegada no se ha podido apreciar ya que todos los contratos fueron tramitados por el procedimiento ordinario del concurso abierto, sin reducción de plazos», añade.
Con respecto a los contratos de asistencia técnica, en el global de los años de construcción del AVE entre Madrid y Barcelona (de 1993 a 2008) se gastaron 474 millones de euros, un 27,4% más de lo previsto.
Según Álvarez de Miranda, tanto los desvíos presupuestarios como los retrasos en los plazos de ejecución (que a su vez conllevan sobrecostes generalmente) se concentraron de forma mayoritaria en los últimos años de ejecución de las obras, en parte por la mayor dificultad de esos proyectos.
A resultas de este informe, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares para determinar «las circunstancias en las que se produjeron los hechos, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos» en aras de «poder ejercitar las acciones encaminadas a exigir su resarcimiento».
En concreto, se han abierto diligencias por presuntas irregularidades por incidencias en la ejecución de cuatro proyectos, correspondientes a los tramos Hospitalet-La Torrassa, La Torrassa-Sants, Castellbisbal-Papiol y Hospitalet-Can Tunis, con modificados y complementarios por valor de 168,5 millones.
Además, también están en fase de instrucción las actuaciones relativas a la falta de imposición de penalizaciones por incumplimiento de compromisos de los contratos de suministro y transporte de traviesas, de suministro de plataformas para el cambio de ancho de trenes de viajeros de tecnología Talgo, de instalación de descongelación de rodales, y de medidores de parámetros, que se vieron incrementados un 134,7% de media.
En cualquier caso, Álvarez de Miranda ha asegurado que ni el Fiscal ni la Abogacía del Estado han exigido responsabilidades penales por ninguno de estos hechos, y opina que no es necesario modificar la ley para evitar los problemas señalados, sino únicamente cumplirla.
Finalmente, el presidente del Tribunal se ha ofrecido a realizar un informe específico sobre el coste-beneficio del proyecto del AVE o sobre la sostenibilidad financiera de este tipo de inversiones, al margen de que en el Programa de Fiscalización del Tribunal para este año ya hay previsto un informe sobre infraestructuras ferroviarias entre 2011 y 2013 y otro sobre la actividad de INTECO.
Además, también ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de realizar una fiscalización del desarrollo de la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el año 2008, ya que se han continuado ejecutando obras hasta la frontera francesa hasta el año 2013, para completar los estudios ya realizados de las obras entre Madrid y Zaragoza, hasta el año 2001 y este informe de los años 2002-2008.
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